Tras el anuncio del Ministerio de Cultura, que consideró viable reconstruir la casa Consistorial del municipio de Caldas (Antioquia), el alcalde de la población, Carlos Eduardo Durán, ratificó que su administración ha procedido con legalidad en el proyecto que busca construir una nueva sede.

Ante las críticas por la demolición de la casa Consistorial, el mandatario sostuvo estar convencido de que la casa no es bien patrimonial del municipio. El lío jurídico que se ha gestado en torno a la construcción de una nueva alcaldía, que tiene un presupuesto de 25.000 millones de pesos, comenzó en septiembre del 2017 con la demolición de la casa Consistorial.

Durán argumentó que la decisión se debió a las pocas condiciones de seguridad que generaba la estructura que fue construida en 1850. El proceso de renovación de la alcaldía, según el colectivo cívico Vigías del patrimonio del valle de Aburrá, debió integrar la antigua sede.

A pesar de que su intención principal era crear una nueva sede, el mandatario aseguró que en un inicio pensó en no demoler la antigua sede. “Nosotros en algún momento contemplamos la posibilidad de integrar la casa Consistorial al nuevo proyecto, pero según estudios de ingenieros patólogos la estructura era un peligro para los ciudadanos y las 300 personas que allí trabajábamos”, agregó.

Un mes después de tumbada la edificación, Vigías del patrimonio del valle de Aburrá interpuso ante la Procuraduría una acción popular alegando que la casa era patrimonio municipal y por ende su demolición era ilegal.

Andrés Mesa, abogado especialista en Derecho Administrativo, lideró la acción popular que fue remitida por la Procuraduría General al Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito para que le diera trámite.

Fue así como la jueza Luz Estella Uribe le solicitó a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, emitir un concepto sobre la situación de la casa Consistorial y su posible reconstrucción. La cartera explicó que veía viable volver a construir la casa, aunque aclaró que esta no aparecía en sus registros como bien patrimonial de orden nacional.

Ante este fallo las partes difieren en sus interpretaciones. Para Mesa este le permite a la jueza adelantar el proceso de recolección de evidencias que demuestren que la alcaldía era patrimonio municipal, algo que descarta de tajo el alcalde ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 la casa Consistorial fue excluida de la lista de bienes patrimoniales al igual que la Plaza de Mercado y la casa de la familia Barreneche, ubicada al lado de la alcaldía.

“Por el bien de Caldas yo aspiro a que la juez mire con objetividad la prueba de la exclusión de la propiedad en el POT del 2000 y no quedará otra razón legal para no destrabar la licitación en curso y en lo posible iniciar la construcción”, concluyó Durán quien explicó que este lío jurídico podría poner en peligro la inversión pública más alta de la historia de Caldas que viene de la mano con el Área Metropolitana, entidad que tiene congelados los 25.000 millones de pesos hasta que se sanee el proceso.

BRYAN ANDRÉS GONZÁLEZ VÉLEZ

​Para EL TIEMPO

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