La Fiscalía procesó a otras 7 personas, entre exfuncionarios y proveedores, dentro de la causa que se sigue por presunta delincuencia organizada, para la compra de insumos médicos adquiridos entre 2015 y 2019, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Seguro Social, en Guayaquil.

El juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, dictó prisión preventiva contra Omar Khayyam Coronado Vargas y Cristina María Aguilar Rodríguez (ex funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo); Judith Josefina Andrade Ochoa, Raúl Bolívar Peña Triviño y Juan José Pera Gagliardo (proveedores). Además, dictó arresto domiciliario para Karina Lissette Giraldo Jara y prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad para Miriam Ruth Ruperti Gómez.

La Fiscalía investiga a una presunta organización delictiva que comercializaba insumos médicos con sobreprecio que involucra a exdirectivos de esta entidad de salud y que habría ocasionado un perjuicio económico de 11 905 000 dólares en 18 órdenes de pago.

En audiencia de vinculación, realizada en la Unidad Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil, el fiscal Nelson Macías presentó los indicios y elementos recaudados en la fase investigativa iniciada y que demostrarían la presunta participación de los procesados. Entre ellos, los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva, UIAD-G, los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y los informes generales emitidos por la Contraloría General del Estado en el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018.

La semana pasada, la jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, dictó prisión preventiva para José Luis Llerena Candela (contratista) y Jorge Josué Henriques Aguilera (director de Contratación Pública).

Mientras que para Luis Enrique Jairala Zunino, exdirector del hospital; Esteban Raúl Seminario Montalvo y Gustavo Adolfo Peralta Jurado (área financiera), Javier Rolando Velecela Chica y Mariana del Carmen Mindiola Ríos (exdirectores jurídicos), José Euclides Bajaña Pérez (coordinador administrativo), Jorge Luis Cornejo Barrios, Jorge Enrique Guerrero Ledergerber, José Paúl Santos Ycaza y Fray Rudiard Cobeña Macías (funcionarios), Johnny Henry Pilligua Burgos (Comisión Técnica de Contratación) y Roswin Fernando Angulo Jeremías (beneficiario de convenios de pago) dispuso arresto domiciliario, prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad.