La Superintendencia de Transporte aceptó la solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración que Metrocali presentó el 27 de septiembre de este año ante este estamento, es decir, hace tan solo 18 días.

Es así que Metrocali optó por ley que, en su momento, cobijó al Hospital Universitario del Valle (HUV) a entidades territoriales como las alcaldías, estamentos que son descentralizados territorialmente y universidades públicas o estatales.

En un comunicado, Metrocali informó que toma la decisión de acudir “a este mecanismo ante las consecuencias que, en materia económica, trajo para la entidad la decisión del laudo arbitral adverso en la controversia que interpuso el concesionario GIT Masivo, que establece una condena tasada en cerca de 160.000 millones”.

Metrocali indicó también que se acoge a esta ley que permite la reorganización empresarial “para preservar la operación del MIO”.

Según la Superintendencia de Transporte, una de las bases para que un ente acuda a un acuerdo de reestructuración son los fundamentos de las leyes 550 de 1999 que era de intervención económica y 1116 de 2006 de insolvencia.

La resolución por la cual, la Superintendencia aceptó dicha solicitud, se refiere, además, a que toda reestructuración de una empresa o entidad se fundamenta en “tener un incumplimiento de pago por más de 90 días de dos o más obligaciones mercantiles y contar con dos demandas ejecutivas para el pago obligaciones mercantiles”. Teniendo en cuenta estas condiciones, la Superintendencia recibió de Metrocali una certificación que confirmaría dificultades económicas de este descentralizado. Son dificultades relacionadas con el laudo arbitral, cuyo fallo del 29 de noviembre de 2018 del Tribunal de Arbitramento convocado por GIT Masivo S.A. -uno de los cuatro concesionarios del MIO- fue a favor de este operador.

Así, a Metrocali le ordenaron el pago de 84.966’695.439 pesos por indemnización de perjuicios reclamados por GIT por incumplimientos de compromisos del municipio, además de 25.075’098.373 por intereses y el pago de una remuneración desde enero de 2017 y hasta noviembre de 2018, fecha del laudo. Los cobros siguen, pues también se suman las costas y agencias en derecho por 1.212’729.876 pesos. Todas estas pretensiones arrojan y otros conceptos un total de más de 162 mil millones de pesos.



Aunque, Metrocali y la Alcaldía acudieron el 22 de enero pasado a Sesión Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de un recurso extraordinario de una anulación de dicha orden, la respuesta fue negativa y en contra de Metrocali, el 28 de junio de este mismo 2019.

La certificación financiera de Metrocali, suscrita por un revisor fiscal, con información al 31 de agosto de este año, señala, como lo citó la Superintendencia: “Existen dos obligaciones originadas en el laudo arbitral constituido para dirimir las diferencias suscitadas entre GIT Masivo S.A. y Metrocali sobre el cual se interpuso el recurso extraordinario de anulación, siendo este declarado infundado por el Consejo de Estado, representando más del 5 por ciento del pasivo corriente de la empresa”.

Del mismo modo, en los estados financieros, ese monto equivale a 162.850’761.000 pesos. Metrocali no ha podido cumplir con el pago de esta cifra por más de 90 días. Además de GIT Masivo, otro de los acreedores de Metrocali es la Fiduciaria Fiducolombia S.A.

“Metrocali asume la Ley 550 como la forma idónea para disponer de las condiciones que permitan garantizar la continuidad del servicio del MIO, el normal funcionamiento de la entidad y cumplir, de acuerdo con sus posibilidades económicas, con las obligaciones que deba atender”, indicó la entidad en la misiva.



Metrocali tiene cinco días para presentar documentos como ubicación, discriminación y gravamen que soportan los bienes como sociedad que es, después de la notificación de la aceptación por parte de la Superintendencia de Transporte al proceso de reestructuración. La respuesta de la Súper tiene fecha del pasado viernes 11 de octubre. Metrocali también deberá reportar detalles de obligaciones tributarias y pasivos laborales, así como una relación de demandas declarativas promovidas en su contra.

Los veedores Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero dijeron que Metrocali no podrá hacer ninguna operación comercial, licitatoria, laboral y tributaria, sin aprobación expresa del promotor y acreedores, «salvo en aquellos asuntos relacionados con el funcionamiento del servicio. La Procuraduría tiene el deber de establecer la responsabilidad por un presunto detrimento patrimonial de los funcionarios que desde la presidencia y la junta directiva intervinieron en el manejo de la empresa desde su creación. En tanto que los candidatos deben manifestar pronunciarse sobre este asunto que afecta los intereses de los usuarios».

En un informe de este año, Metrocali indicó que en los últimos dos años ha venido liderando un Plan de Sostenibilidad o Salvamento con un Plan de Recuperación y Puesta a Punto de la flota, lo cual ha permitido que los concesionarios hayan recuperado en este 2019 año 80 buses que tuvieron varados por mucho tiempo en sus patios. Además se ha venido anunciando la incorporación de los primeros 26 buses eléctricos, más 21 a punta de gas natural, adquiridos por Blanco y Negro Masivo, y de 110 eléctricos más de Unimetro en este año.

El MIO conmemoró sus 10 años en marzo pasado. En marzo de 2020 se espera movilizar a 680.000 pasajeros en promedio día hábil.

CALI