Pablo Celi, contralor general del Estado y presidente de la Función de Transparencia y Control Social, fundamentó el contenido y alcances de su proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Durante la sesión telemática, los legisladores se centraron en verificar que el articulado guarde armonía con la norma constitucional.

José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, expresó que en el mundo hay una nueva visión de modernizar los sistemas de control y fiscalización de las auditorías, que permitan evaluar el uso transparente y gestión de los recursos públicos, tras precisar que la propuesta merecerá un tratamiento técnico, jurídico y político.

El asambleísta expresó que se abrirá espacio a un amplio debate y socialización, con la participación de expertos internacionales de Uruguay, Brasil, República Dominicana, España, Francia, Portugal e Italia, así como de abogados ecuatorianos en materia constitucional y administrativa.

Por su parte, Celi señaló que el proyecto es el resultado de una intensa socialización a nivel del país e internacional, pues oportunamente entró a conocimiento en el proceso de Diálogo Nacional, el cual busca una transformación organizacional de un modelo técnico para un eficiente desarrollo de las auditorías y la determinación de responsabilidades. “No altera la estructura del Estado, más bien es una reafirmación del espíritu constitucional respecto a las funciones específicas de la Contraloría”, aseguró.

Según el contralo general, que el Tribunal de Cuentas del Estado tendrá una conformación plural con siete miembros denominados ministros auditores: dos designados por la Asamblea Nacional, uno por el Presidente de la República; dos por la ciudadanía, escogidos por concurso público de méritos y oposición; y dos funcionarios de carrera. Se conformará por un Pleno y dos salas especializadas: de Auditoría y de Determinación de Responsabilidades.

El período de funciones de los ministros auditores será de 6 años, sin reelección y con renovación parcial del Tribunal de Cuentas cada tres años. Celi explicó que, de la presencia de una autoridad unipersonal que concentra funciones, ahora se daría lugar a la existencia de un cuerpo colegiado que facilitará la articulación de los procesos de auditoría y juzgamiento de cuentas.

Para el asambleísta Henry Cucalón, es fundamental analizar la posibilidad de que este tribunal tendría una clara estructura jurisdiccional y no administrativa, como es actualmente, lo que significaría volver al pasado, pues el tribunal de cuentas para controlar los recursos públicos del país lo creó en el año 1863 el expresidente García Moreno, mismo que se mantuvo hasta 1927.

En cambio, Héctor Muñoz alertó que la designación de representantes del Ejcutivo y de la Asamblea para la conformación del tribunal no consta en la vigente norma constitucional, por lo que hablarían de emprender una enmienda constitucional. Planteó que el equipo asesor de la mesa defina un informe sobre la constitucionalidad del articulado de la propuesta.

Con este punto coincidió Franklin Samaniego, quien dijo que incluso se debería hacer una consulta al respecto a la Corte Constitucional. En esa misma línea, Carlos Ortega sostuvo que la integración de miembros del tribunal debe guardar respeto con las disposiciones de la Constitución. A su vez, Rosa Orellana consideró que se podría revisar el número de integrantes de la entidad.

El presidente Serrano dispuso que el equipo técnico elabore inmediatamente un informe preliminar sobre el tema constitucional del proyecto.