La denuncia era contra la Gobernación del Valle del Cauca por aparentes irregularidades en la contratación de dos operadores encargados del manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 34 municipios no certificados.

El departamento jurídico de la administración aseguró que se demostró que los operadores eran idóneos y tenían la experiencia en el manejo de dicho programa no solo a nivel regional sino también en el país.

Algunas inconsistencias que fueron halladas durante la distribución de los alimentos se subsanaron sancionado económicamente a los operadores, pero no implicada alguna falla legal.

El expediente se abrió en el primer trimestre de 2016 frente a la denuncia de una ciudadana que acusó a la administración del Valle de aparentemente ejecutar una serie de convenios sin cumplir con los requisitos de ley para para que las fundaciones Naturaleza y Vida (Fundanavi) y Prodesarrollo Comunitario Acción Por Colombia se encargaran del programa de Alimentación Escolar (PAE) en las 149 instituciones educativos de los 34 municipios no certificados del departamento.

La decisión del ente acusador, después de revisar el caso, fue de clausurar el proceso de indagación.

“La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de la investigación penal por la comisión de supuestas irregularidades en la contratación de los convenios para el PAE”, dijo Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento jurídico de la Gobernación del Valle.

Un comunicado dice que «durante ese año, el gobierno departamental tuvo, basado jurídicamente, que adoptar una serie de medidas de contingencias para que se prestara de manera efectiva el servicio teniendo en cuenta que tiempo atrás no había una organización que beneficiara a los estudiantes».

Vargas dijo que “al inicio de esta administración no existía una cobertura total a la población no asegura del PAE y por esta razón se celebraron unos convenios con entidades sin ánimo de lucro para responder a las necesidades de los pequeños de los colegios no certificados del departamento” explico Vanegas.

Anotó que el departamento jurídico demostró que los operadores estaban calificados para la prestación del servicio. “Estas entidades eran entidades idóneas entre otras cosas porque eran de las pocas a nivel nacional que están certificadas para poder hacer atención del programa de alimentación escolar. Adicional a esto se logró demostrar que este programa fue perfectamente supervisado por la secretaria de salud del departamento sino también a través de una firma externa”.

“Se lograron presentar las contingencias necesarias y obedeció básicamente a un inadecuado manejo en un principio, pero esto no es un resultado que implica que exista una falta de idoneidad de las empresas que prestaban este servicio”.

El PAE beneficia a 126 mil estudiantes de los grados cero a once matriculados en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento con recursos del Sistema General de Regalías y del Gobierno Nacional.

Vargas dijo que el PAE del Valle del Cauca ha sido reconocido como uno de los 25 mejores del país al ser opcionado al premio “Regalías mejor invertidas a nivel nacional”. Esto demuestra que el PAE ha servido para cerrar brechas socioeconómicas en el departamento.

Este fallo de la Fiscalía se suma al de hace dos semanas emitido por la Procuraduría General de la Nación cuando cerró la investigación por supuesta contratación paralela en la administración regional.

CALI