El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó hoy las condenas de ocho años para el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, por el por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

En consecuencia, los sentenciados perdieron sus pensiones vitalicias, acorde a lo establecido por la Ley de Apoyo Humanitario por la emergencia del covid-19. Correa recibía $4 226 y Glas: USD 4 057.

Según la normativa, no podrán cobrar pensiones vitalicias los mandatarios que no hubiesen concluido el período para el que fueron electos por haber sido cesados; y expresidentes o exvicepresidentes que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad y violencia sexual.

Además, los jueces Iván Xavier León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela ordenaron que se oficie a la Policía Nacional para que se localice y capture a 18 de los 20 procesados por cohecho en el caso Sobornos, incluyendo a Rafael Correa, otros funcionarios de su gobierno y empresarios.

Los sentenciados son: Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, José Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips Cooper, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

En la lista de la Función Judicial no constan Pamela Martínez, exasesora de Correa; y su colaboradora Laura Terán, quienes colaboraron con la Fiscalía en las investigaciones.

Además, a los condenados se les privó de sus derechos de participación política por un tiempo igual al de la pena de privación de libertad, en este caso, 8 años.

El Tribunal dispuso que Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, deje el arresto domiciliario y sea trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

La Corte oficiará a la Asamblea Nacional para que de manera inmediata se tome nota de la situación jurídica de Viviana Bonilla para que se realicen “las acciones pertinentes acorde a su normativa interna”.

Los magistrados ordenaron el pago proporcional que deben cumplir los sentenciados para cubrir los $14,7 millones fijados como reparación integral. Los autores por instigación, coautores y autores directos deberán pagar el valor de $778 224; y los cómplices, $368 632, dentro de los 30 días posteriores a la ejecutoría del proceso.

Se confirmaron las medidas de reparación simbólicas, como la expresión de disculpas públicas que se realizará en la Plaza de la Independencia en Quito. Aún no se establece el día y hora. Además deberán colocar una placa en el Palacio de Carondelet con el texto: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”, escrito en español y quichua. Tampoco se ha definido el día y hora para su cumplimiento.

Finalmente, se ratificó el cumplimiento de un curso de 300 horas académicas sobre ética laica para los condenados.