Los antecedentes de esta diligencia, de acuerdo con el magistrado Gustavo Salazar, se dan a partir de hechos relacionados con el conflicto armado, sobre los que nueve ciudadanos colombianos, siete familiares de personas dadas por desaparecidas y dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), solicitaron a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP adoptar medidas cautelares sobre 16 lugares del territorio nacional.

En estosse presume que yacen los restos de cuerpos esqueletizados de personas posiblemente víctimas del delito de desaparición forzada.

“Invocando el artículo 22 de la ley 1922 de 2018, los ciudadanos solicitaron la adopción de medidas cautelares anticipadas a efectos de garantizar la protección de algunos lugares y conservar los restos y los cuerpos de los que allí posiblemente se encuentren”, expresó el magistrado Salazar.

Sin embargo, no será en esta audiencia en la que se tomen tales decisiones, puesto que su objetivo es ser un espacio de diálogo en el que, entre otros, se obtenga información adicional al respecto.

Se buscará obtener información que permita ubicar y precisar el universo de desaparecidos de la zona de influencia de Hidroituango, además de que las las autoridades den razón de las actividades y políticas ejecutadas para el reconocimiento y la búsqueda de los desaparecidos.

Están citados representantes del Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, las alcaldías de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño, EPM, Hidroituango S.A. E.S.P. y el Comité Nacional de Búsqueda del partido Farc.

En este momento se pronuncian cada una de las partes que fueron convocadas.

Esta audiencia está programada hoy, 8 de octubre, durante todo el día hasta las 5 p.m. y hasta mañana, entre 8 a.m. y 5 p.m.

MEDELLÍN