El juez Marco Rodríguez, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, receptó el testimonio anticipado del exasambleísta Daniel Mendoza, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz, dentro de la causa que se investiga por el delito de delincuencia organizada, en la contratación para la construcción del Hospital de Pedernales.

Durante su intervención, Daniel Mendoza señaló que, con la intención de recaudar recursos económicos y buscar proyectos de generación de empleo en Manabí, estableció un nexo con el exlegislador Eliseo Azuero, quien tenía a René Tamayo, como director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), persona de su entera confianza.

Durante ese proceso, Franklin Calderón estableció contacto con su asesor Jean Carlos Benavides, con la petición de llegar a Eliseo Azuero y así tener algún nivel de participación en la construcción del Hospital de Pedernales, a través de René Tamayo.

Este primer acercamiento sentó las bases de un común acuerdo que permitió que la construcción de la casa de salud se lleve de la manera en que se realizó. Detalló cómo se gestionó el dinero que fue incautado por las autoridades a su exasesor legislativo.

Mendoza contó al juez que Azuero le pidió ayuda para cobrar unos cheques, provenientes de una parte del anticipo del contrato para la construcción del nosocomio. Se trataba de diez cheques de 40 mil dólares cada uno, solo dos de los cuales fueron efectivizados, porque luego se produjo la detención de su asesor.

Con la finalidad de aclarar los hechos en los que se lo vinculaba con una trama de corrupción, Mendoza acudió sin previo aviso a la casa de Azuero, con una grabadora para tener respaldos de a quién había entregado el dinero. Eliseo Azuero le dijo que lo entregó a parte de su grupo político (Badi), pues él controlaba el Secob.

Mendoza aportó con datos sobre cómo se repartió parte del anticipo para la construcción de la obra. Señaló que si bien hay legisladores que recomiendan perfiles por su capacidad técnica, hay otros que recomiendan nombres relacionados a proveedores y eso viene acompañado de un rubro económico.

Esta práctica de ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria, según Daniel Mendoza, se habría practicado en este periodo en diferentes momentos, no solo para la aprobación de leyes, sino también en diferentes procesos de juicios políticos.

Además recordó que cuando se gestaba el juicio político a la ministra María Paula Romo, fue la funcionaria quien le aseguró que la designación de Tito Nilton se daría luego de que la Asamblea archivara la causa en su contra. Entonces, con su voto se archivó el caso y así se designó a Tito Nilton como gobernador. En las reuniones de los temas legislativos se hablaba de esta suerte de cuotas políticas. Esto ocurrió, según el exlegislador, desde siempre.

Por medio de Mendoza, Jean Carlos Benavides entregó dinero a Eliseo Azuero en su domicilio, dentro de una maleta. Ese día, él estaba con René Tamayo y lo recibieron juntos. Con la ayuda de Miguel Ganchozo se hizo posible que se efectivizaran los cheques de Azuero, como parte de una negociación por una ley que se tramitaba.

El exasesor de Daniel Mendoza señaló que al exasambleísta le dieron la Dirección Regional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Manabí, que comprendía: El Carmen, Portoviejo y Manta, de donde se recaudaba alrededor de 2.500 dólares diarios como parte de la emisión de licencias. Este dinero iba destinado a la gestión del movimiento político que presidía Mendoza.

Benavides conoció que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, incluso las de la ANT, designadas por el entonces ministro Aurelio Hidalgo.

En su testimonio anticipado, Franklin Calderón confirmó que entregó 360.000 dólares a cuatro asambleístas: Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero; 320.000 dólares en Guayaquil para el asambleísta Eliseo Azuero; 280.000 a Jorge Jalil; 80.000 al papá de Daniel Mendoza, más varios cheques, como producto de sus coimas; y, luego, Jorge Jalil le pidió que transfiera 80.000 dólares a la empresa Mercaparc. Aseguró tener respaldos de las conversaciones que mantuvo con las personas mencionadas sobre estas operaciones.

El procesado José Véliz, principal accionista del Consorcio Pedernales Manabí, también rindió su testimonio anticipado y señaló haber entregado 1´660.000 dólares, que fueron cobrados a través de cheques y 320.000 dólares que no lograron ser efectivizados.

Daniel Mendoza, Jean Benavides, Franklin Calderón y José Véliz son procesados por presuntamente ser parte de una estructura de corrupción que operó en el proceso de adjudicación de la construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí.