El Gobierno Nacional llega a julio con retrasos de pagos que ascienden a $3131 millones. Por todos lados, proveedores, empleados, beneficiarios de la Seguridad Social y Gobiernos Autónomos Descentralizados hacen reclamos de sus haberes, pero el régimen no encuentra salidas.

Las deudas se acumulan en cinco rubros, principalmente. De mayor a menor: las transferencias o donaciones corrientes que tienen que ver con el 40 % para el Fondo de Pensiones el IESS, y las contribuciones a la Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía, que entre enero y junio debieron haber sido de $2201 millones. Sin embargo, solo se han pagado $901 millones, es decir, se les adeuda $1300 millones. Le siguen los GAD, a los que se les debe unos $620 millones.

Lo tercero que se ha dejado de pagar son los egresos financieros. Estos tienen que ver con los intereses de la deuda. Así, estaba previsto que se pagaran $1777 millones, y en lo que va del año se ha cancelado $1189 millones, es decir, faltan $588 millones. Esto es debido a que el Gobierno ha iniciado una renegociación de la deuda con tenedores de bonos, quienes aceptaron diferir dicho pago.

El régimen también mantiene atrasos en salarios por unos $300 millones y otros $200 millones que se deben a proveedores de bienes y servicios.

Ayer, en una comparecencia ante la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, dijo haber presionado fuertemente al Ministerio de Finanzas para los pagos. Sin embargo, aún no hay resultados.

La falta de pago a la Seguridad Social en las Fuerzas Armadas provocaría a su vez la mora de pensiones. El 30 de junio, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) emitió un comunicado indicando que de manera oportuna se hizo el requerimiento de los aportes del Estado al Ministerio de Economía, “sin embargo, al no haber respuesta por parte de dicha cartera de Estado, hasta la presente, no ha sido posible el pago”.

El Gobierno recientemente llegó a un acuerdo de pago con el Issfa, que consistía en reconocer varias deudas que se venían arrastrando desde el anterior periodo y el actual, y que ascendían a $500 millones. El trato fue pagar bonos y CETE; sin embargo, ahora les estarían adeudando unos $35 millones.

El anuncio del Issfa generó malestar en redes sociales. Algunos afiliados reclamaban al Ministerio de Finanzas la falta de pago; mientras, otros decían que no podían creer que el Issfa no tenga ahorros o rentabilidad de inversiones para poder solventar estos baches.

El vicealmirante Ángel Sarzosa, de la Federación Nacional de Militares Patria, dijo que la situación de liquidez del Issfa es compleja y que incluso se ha debido dejar de dar préstamos.

Entre tanto, en una comunicación, los municipios amazónicos amenazaron con paralizar sus actividades si el Gobierno no cancela. Juan Carlos Orellana, presidente regional 2 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcalde de Aguarico, explicó que existe una deuda de $140 millones relacionada con el Cootad, mientras existe otra obligación incumplida por $60 millones por la Ley de Amazónica a los municipios y a todos los gobiernos locales.

Recalcó Orellana que los municipios se verán obligados a paralizarse porque no habrá químicos para el tratamiento del agua potable, no habrá alcantarillado que resista, tampoco recolectores de basura que salgan a trabajar sin salario, para eso necesitan los fondos.

Hace pocos días el Gobierno anunció que había hecho una transferencia de $130 millones a prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales, correspondientes a marzo y abril.

Jaime Carrera, vocero del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que es lógico que se registren estos retrasos, considerando que en junio el Gobierno apenas ha recibido $764 millones por tributos y $19 millones por petróleo. Explicó que los problemas podrán ser solventados lentamente, en la misma proporción que se vaya recuperando la economía.

Para Carrera, los sectores que viven del Gobierno nada ganan paralizando actividades o reclamando. Consideró que cuando lleguen recursos de China (que se está gestionando en un polémico crédito atado a venta de crudo con Petroecuador) habrá más liquidez.

Sin embargo, reconoció que no es legal cubrir temas permanentes con deuda. También consideró que si el Gobierno no hubiese tenido que cubrir pagos anticipados de deuda colateralizados con bonos, posiblemente hubiese habido más recursos en este momento.

Fuente: El Universo