Ana Teresa Castillo Ramos ha sido víctima de cinco desplazamientos forzados en sus 59 años de vida. Antes de llegar a Venezuela en el año 2005, ella vivía en un rancho del corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de Santander. Allí fue amenazada, violada y sacada de su hogar por los grupos armados. Huyó al vecino país, creyendo que iba a encontrar paz y refugio, pero diez años después la sombra del pasado se volvió a ceñir sobre ella.

La ciudadana, oriunda del centro poblado de Díficil, Magdalena, fue una de las 1.532 personas expulsadas por Nicolás Maduro días previos al cierre de frontera de agosto de 2015. La decisión del mandatario fue alentada por una emboscada en el Estado Táchira contra unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, que cobró la vida de tres efectivos.

“Antes de la deportación, nosotros estuvimos cinco días prácticamente secuestrados en nuestras casas, en la invasión de mi Pequeña Barinas – del municipio de San Antonio-. A las mujeres las trataban de prostitutas y a los hombres de paramilitares. Sufrimos cualquier tipo de saqueos y violaciones de derechos humanos. Ahí ya fue cuando nos juntaron, nos dejaron solos y decidieron sacarnos del país”, relató esta connacional.

Aunque la mujer fundó la Asociación Deredez, dedicada a asistir a esta población deportada, y se sobrepuso de esta tragedia, ella asegura que, cuatro años después de este desplazamiento forzoso, algunos compatriotas no han podido caminar por la misma senda, porque permanecen sumidos en la incertidumbre y el abandono.

“En ese momento, nosotros tuvimos la ayuda de muchos organismos internacionales y pude salir como sea. Me considero muy guerrera y me puse a vender cosas en la calle, a rebuscármelo, hasta que me puse a trabajar por la comunidad. Pero no todos contamos con la misma suerte, por eso hacemos un llamado para que no nos olviden, porque lo que vivimos fue una tragedia provocada”, aseguró.

La sede de su fundación está situada en el barrio Alfonso López, del sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) y alcanza a beneficiar diariamente con alimentos a 519 venezolanos. Asimismo, ofrece capacitaciones para 300 mujeres colombovenezolanas, de las cuales 27 ya se encuentran laborando formalmente.

Entretanto, el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Juan Carlos Cortés, recordó que la deportación de estos ciudadanos estuvo sucedida por un éxodo de cerca de 18.000 colombianos, quienes arribaron en menos de 48 horas a esta región del país, incapaz de acoger a tantos migrantes.

“Lo más crítico fue la emergencia en todos los aspectos. No tener sitios para refugiarlos. Eran niños y mujeres en embarazo. Pero también hubo muchas personas de Cúcuta que se hicieron pasar como expulsados de Venezuela y eso agravó la situación. Las ayudas llegaron y se repartieron según el censo que se realizó. Lo que ocurrió es que después siguió llegando más y más personas y ellas no estaba en el censo, lo que agotó todo el apoyo”, aseveró el funcionario.

Él añadió que no ha sido fácil depurar el Registro Único de Retornados, establecido en la ley 1565, para garantizar a la oferta estatal. «Hoy no sabemos su destino en el país. En el departamento se viene trabajando de la mano de la cooperación internacional, pero seguimos insistiendo en medidas más efectivas que genere empleo y que mejore la calidad de vida de cada persona”, puntualizó.

Crisis de refugiados, en los estrados judiciales

Un grupo de 45 abogados, entre colombianos y venezolanos acompañan una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien señalan de haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad en la expulsión masiva colombianos residentes en el estado fronterizo de Táchira, que devino en una crisis humanitaria en la línea divisoria, en agosto de 2015.

El recurso jurídico de 400 páginas, que fue recibido por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, atestigua un supuesto ataque generalizado o sistemático contra esta población, que padeció desplazamientos forzados y la vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Gobierno de Venezuela.

La demanda ya fue presentada ante la Corte Penal Internacional por Colombia en forma de queja y se espera un pronunciamiento por este tribunal en los próximos meses.

“Lo que estamos buscando es una condena contra Nicolás Maduro, porque lo que se cometieron allí fueron graves delitos que atentaron contra el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma. Y eso es una demostración más los mecanismos represivos de un régimen dictatorial”, puntualizó Rafael Villamizar Ríos, presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia en Norte de Santander y coautor de la demanda.

GUSTAVO A. CASTILLO ARENAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Twitter: @Litumaescritor

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