Verónica, paciente de COVID-19, acudió temerosa a un centro médico privado en el sur. Su abuelita falleció a inicios de abril y ella empezó a tener dolores de cabeza, malestar, entre otros síntomas. “Quise saber qué tomar y evitar que el resto de mi familia se contagie. Tuve aislada dos semanas”, recordó la mujer, quien recibió consultas, le hicieron exámenes de laboratorio y dos pruebas PCR por medio de ese centro que integra la red de prestadores de servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Ella calculó que en su caso que tuvo síntomas leves su tratamiento costó por alrededor de $400. Sin embargo, durante la crisis sanitaria al inicio de la pandemia hubo pacientes críticos que tuvieron que pasar casi un mes hospitalizados para salvarles la vida.

Esos rubros de atención de emergencia, hospitalización, exámenes de laboratorio e imágenes como tomografías, aplicación de fármacos, entre otras atenciones, honorarios e insumos médicos, suman alrededor de $80 000 en varios casos que se han hecho público.

Según cifras del IESS, desde marzo hasta mayo se han atendido 7814 emergencias en todo el país, 1 532 en Guayaquil. De ellas, 152 fueron emergencias con diagnósticos confirmados y sospechosos COVID-19 en la red de prestadores externos.

En ese mismo periodo estos centros médicos externos solicitaron el pago de $63,1 millones por atenciones a nivel nacional. De ese total $ 18 millones corresponden a Guayaquil, el 28 % del total en esos tres meses, pese a que la ciudad fue foco de la pandemia.

Médicos indican que durante la crisis sanitaria, decenas de guayaquileños se hicieron atender de emergencia en hospitales, clínicas o centros privados al no haber capacidad en los hospitales del Ministerio de Salud(MSP) y del IESS.

En el caso de Verónica no obtuvo ningún problema en acceder a una consulta y tratamiento en ese centro que integra la red de más de 128 centros de atención médica, desde dispensarios, hospitales y clínicas.

Ahora este monto podría ascender ya que existen procesos en Defensoría del Pueblo para poder gestionar el pago de atención como afiliada.

Ese es el caso que padece la familia de Bertha, de 66 años, quién llegó el pasado 20 de marzo a una clínica privada en el norte con complicaciones para respirar. Ella estuvo internada hasta el 21 de abril. El monto para cancelar fue de 85 000, de los cuales la familia pudo prestar y pagar 52 000.

Su hija, Mayra, explicó que en aquel momento no quisieron recibir a su madre como afiliada y que tuvieron que pagar para que le salven la vida. Sin embargo, mediante dos procesos en Defensoría del Pueblo buscan ejercer el derecho a la salud de su madre como una afiliada al IESS.

La abogada de la familia, Evelyn Loor, explicó que primero se dio la audiencia de acción constitucional de habeas data y que un juez falló en contra de la clínica para que les entregue el formulario 008 y se inicie la gestión en el IESS para que asuma la deuda.

La otra audiencia fue por la vulneración de derechos a la seguridad social contra la clínica. Sin embargo, el fallo de la jueza no fue favorable para la afiliada. Por lo que apelarán ese fallo, pues aún no se garantiza la cobertura.

Loor explicó que han ingresado unas 10 peticiones al IESS, pero no reciben respuesta. “Hemos insistido y aún no tenemos nada. Legalmente hemos cumplido con todos los plazos legales para que ellos den la cobertura.

El vencimiento del plazo no es obstáculo porque con el estado de excepción se paralizan todos los plazos, además que con el acuerdo ministerial 0097, sobre la coberturas de los seguros hice que se pueden tramitar en unos seis meses”, explicó. (I)

Fuente: El Universo