Los tres años de vida del Congreso de Angostura (1819-1821) –sus comicios, deliberaciones, legislación e institucionalidad– fueron decisivos en el proceso que desmontó de manera definitiva la monarquía y consolidó las instituciones republicanas en el territorio grancolombiano.

A partir de 1816 se hicieron intentos por constituir un gobierno civil en medio de la guerra. En agosto, Francisco de Paula Santander, Francisco Yanes y Fernando Serrano reconstituyeron en Guasdualito, Apure, el gobierno provisional de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En mayo de 1817, el canónigo José Cortés de Madariaga y el general Santiago Mariño instalaron en Cariaco un congreso en nombre de la primera república venezolana.

A pesar del fracaso de ambos esfuerzos, se evidenció el sentir generalizado que Bolívar sintetizó: “En vano, las armas destruirán a los tiranos, si no establecemos un orden político capaz de reparar los estragos de la revolución. El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no es gobierno” (26 de noviembre, 1816).

A mediados de 1817, los generales Piar y Bolívar se tomaron la provincia de Guayana y su capital, Angostura. Para finales de ese año liberaron el corredor del Orinoco hasta Apure y el Casanare. La región se convirtió en la sede estratégica y base económica y militar de la resistencia republicana.

En junio de 1818 apareció El Correo del Orinoco, periódico revolucionario que publicó la convocatoria del 22 de octubre a elecciones para diputados en las provincias republicanas de Venezuela y Casanare. Esta convocatoria no declaró la independencia sino el restablecimiento de las primeras repúblicas. A partir de esto, la lucha republicana adquirió legitimidad, aunque la mayoría de neogranadinos y venezolanos continuaran leales al Rey.

El proceso electoral, que se dio en cuarteles y parroquias durante ocho meses, enfrentó enormes dificultades: el estado de guerra, la destrucción de la economía y la infraestructura, las enormes distancias, los obstáculos geográficos y la ausencia de un censo civil. Aun así, las elecciones y los posteriores debates en el Congreso dislocaron las antiguas formas de legitimidad e iniciaron un lento pero efectivo cambio en la forma de hacer política. Por ejemplo, se inauguró una representación de índole nacional en la que cada diputado veló por el interés general de la nación y no por el del distrito de su nombramiento. Del mismo modo, la necesidad de sustituir los fundamentos de la legitimidad monárquica le abrió paso a la construcción de la soberanía popular mediante el sufragio.

Según el reglamento para las elecciones del Congreso (1818), de nada valía emanciparse si se terminaba sometido “a una ley que no (fuera) la obra del consentimiento general del pueblo”. Dicho consentimiento conduciría a disfrutar la libertad en igualdad. Los colombianos –quienes desde Angostura se denominaban así– encontraron en este régimen democrático razones para sentirse orgullosos ante lo que veían como la tiranía y el despotismo prevalentes en Europa.

El Congreso se instaló el 15 de febrero de 1819, con 26 representantes, en la villa de Angostura. Bolívar, hasta entonces “Jefe Supremo de la República de Venezuela y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada”, pronunció su famoso ‘Discurso de apertura’, en el cual invitaba a los legisladores a concebir un sistema que produjera la “mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Las primeras sesiones fueron presididas por el medellinense Francisco Antonio Zea. Apenas en julio llegaron a Angostura los diputados de Casanare José Ignacio Muñoz, José María Vergara y Vicente Uribe.

El Congreso deliberó sobre las bases del gobierno y aprobó una nueva constitución el 15 de agosto, pocos días después de la llegada de los delegados neogranadinos. Uno de ellos, el coronel José María Vergara, solicitó “que se suspenda la constitución hasta que puedan tomar parte en ella los pueblos de la Nueva Granada” (Acta 93, 1819).

Las noticias de la campaña neogranadina animaron el optimismo entre los legisladores. El 17 de diciembre se aprobó la Ley Fundamental, por la cual se unían Venezuela, Nueva Granada y Quito en una sola república. El Congreso sesionó hasta julio de 1821, fecha en la que se dio inicio al Congreso de Cúcuta y se le dio vida a la República de Colombia.

La trascendencia de un mapa

Los mapas antiguos muestran los intentos por dibujar de manera precisa los detalles del territorio, según los conocimientos de su época, a la vez que nos hablan sobre cómo las sociedades del pasado poblaron, imaginaron y representaron el espacio que habitaban, o pretendían habitar o conquistar. Este mapa elaborado por el jesuita Joseph Gumilla y publicado en Madrid en 1741 y 1745, muestra la relevancia del río Orinoco y su cauce como uno de los ejes del vínculo entre la provincia de Venezuela y la Nueva Granada, desde mucho antes del período de la independencia.

El río Orinoco

El río Orinoco y su cuenca han sido, desde hace siglos, escenario de intercambios sociales, económicos, culturales y políticos entre las regiones que hoy comprenden Venezuela y Colombia. El misionero jesuita Jo-seph Gumilla recorrió ampliamente esta región en el siglo XVIII y escribió el libro El Orinoco ilustrado y defendido, en el que aparece este mapa que da cuenta de la presencia de las misiones religiosas que se extendían hasta las áreas montañosas, a ambos lados del río. La importancia geográfica, social y económica del río y su región ha sido ilustrada por viajeros y cartógrafos como Alexander von Humboldt y Agustín Codazzi.

Del sistema de castas al pueblo y el ciudadano

El Congreso de Angostura fundamentó su sistema representativo en dos pilares: el pueblo y el ciudadano. El pueblo sirvió de base de la soberanía; el ciudadano exigió la construcción colectiva del orden social y político. La soberanía popular desmontó el sistema colonial de castas y expandió la ciudadanía de manera inédita.

Pueblo y ciudadano son voces muy antiguas. Sus sentidos cambian de manera profunda durante el periodo de las revoluciones (1770-1830), y esas mutaciones hicieron posible la construcción de nuestro nuevo orden político.

Pueblo, por ejemplo, durante el virreinato hacía referencia a la plebe, aquella parte de los vasallos que no tenía representación. Usado en plural se refería a los asentamientos humanos –ciudades, villas y poblaciones– que constituían las provincias, los reinos y, en último grado, la monarquía. Aunque en teoría los pueblos eran los repositorios de la soberanía, esta había sido cedida radicalmente al monarca.

La voz ciudadano era poco usada; en cambio, el nombre más común era el de vecino, el habitante de los pueblos, el hombre de bien, que encarnaba el orden jerárquico, la fe y la lealtad al Rey.

Ambos términos cambiaron de forma radical durante la crisis política de la monarquía (1808-1814). La ausencia del monarca abrió el espacio para una revolución de la soberanía. Las juntas patrióticas, en nombre de los pueblos americanos, se declararon independientes y soberanas, y establecieron nuevos ordenamientos políticos. Angostura profundizó esta revolución al depositar la soberanía en el pueblo –en singular–, constituido por el conjunto de hombres libres que conformaban la nación. El voto ciudadano eligió los diputados, y el Congreso apareció como la manifestación de la soberanía popular.

La participación política del ciudadano se convirtió en el otro pilar de la república. La ciudadanía pasa de ser un privilegio de unos pocos a ser un derecho de todo habitante libre. En Angostura se reglamentó la figura del ciudadano mediante una diferenciación entre el ciudadano pasivo y el activo. Los ciudadanos pasivos eran aquellos que estaban bajo la protección de la ley, pero no ejercían soberanía, no gozaban del derecho del sufragio ni podían ser elegidos. Los ciudadanos activos sufragaban y así ejercían la soberanía nacional eligiendo a sus representantes.

Para sufragar, el ciudadano tenía que estar casado, ser mayor de 21 años, poseer una propiedad con valor de 500 pesos o un empleo con renta de 300 pesos por año. En caso de ser empleado civil o parte del cuerpo militar, devengar al menos 200 pesos anuales. Sin duda, estas estipulaciones restringieron el ejercicio de la ciudadanía. Dado su potencial insurgente, en Angostura se instaló igualmente una cautela. En términos ideales, el ciudadano seguía siendo ilustrado, virtuoso y patricio (notable).

En todo caso, es importante reconocer que se inauguró en nuestra historia un ejercicio democrático relativamente amplio, en particular si se contrasta con otras experiencias en el mundo. La inclusión de muchos militares en oficio –necesaria en el contexto de guerra– expandió la ciudadanía de manera significativa. Incluso, se han encontrado reportes de que en Casanare, las comunidades indígenas también participaron en las elecciones.

EL TIEMPO*

Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y Universidad del Rosario