La Superintendencia de Salud encontró mérito para enviarle a la Fiscalía General la más reciente auditoría realizada al Hospital Universitario San Jorge, de Pereira, que presta 78 servicios y tienen más de 350 camas.

EL TIEMPO estableció que, durante 7 días, un equipo de expertos revisó desde sus libros contables hasta sus quirófanos y encontró irregularidades que, en criterio de la Supersalud, ponen en riesgo la vida de los usuarios.



“El hospital incumple los estándares de habilitación de infraestructura, dotación, mantenimiento, medicamentos, insumos, dispositivos médicos y archivo de historias clínicas”, asegura el informe, que también le fue remitido a la Contraloría General y a la Procuraduría.

Y agrega que el hospital, que ya venía siendo blanco de críticas por temas de contratación, presenta desabastecimiento de medicamentos y en especial de antibióticos vitales.

Pero para los auditores lo más grave es que se evidenció “la reutilización de dispositivos médicos e insumos quirúrgicos”. Además, dicen que encontraron insumos médicos vencidos y un inadecuado control de inventarios, procesos de aseo y desinfección.

A ese panorama se une el hecho de que no se ejecutan los planes de tratamiento ordenados por los médicos, y los medicamentos y dispositivos ordenados no son suministrados a tiempo al paciente. Y tampoco cuentan con el personal completo requerido para los servicios, principalmente en urgencias.

Servicios, sin permiso

Otro de los hallazgos de la auditoría remitida a las autoridades señala que el San Jorge estaría prestando servicios médicos de alta complejidad sin habilitación alguna.

Entre ellos, el documento menciona la internación oncológica, laboratorio de patología y diagnostico cardiovascular. Por el contrario, algunos de los que tiene habilitados e inscritos en el Registro de Prestadores de Salud (Reps) no se están ofreciendo.



Este es el caso de la consulta externa de neurología, neurocirugía, dermatología, hematología, oncología y cirugía cardiovascular.

En este sentido, la auditoría también identificó que el hospital está prestando los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal sin contar con la habilitación de la Secretaría de Salud de Risaralda.

Al respecto, los auditores explican que aunque no preste esos servicios de forma directa, sino a través de terceros, los debe hacer habilitar para poder ofertarlos.

En cuanto a personal, se advierte que no hay profesional de enfermería ni de medicina en la noche; observación pediátrica no tiene programada enfermera y las auxiliares de enfermería no tienen quiénes las supervisen.



La situación es tal que se encontraron ‘carros de paro’ que no cuentan con equipo básico de reanimación. A eso se une que la gestión de residuos hospitalarios y la disposición de residuos generados por los outsourcings y contratistas no son las adecuadas.

Cifras que no cuadran

Otro de los apartes de la auditoría señala que la institución factura en promedio mensualmente 9.500 millones de pesos y recauda 5.400 millones.

Pero revisada su nómina, esta representa 5.368 millones de pesos al mes: “Lo anterior significa que los gastos de personal se llevan el 56 por ciento de lo facturado y el 100 por ciento de lo recaudado”, señala el informe.

El tema de contratos aparece como otra de las debilidades de la institución.La auditoría de la Supersalud encontró que se efectúan pagos sin soportes de verificación.

Lo que más llama la atención es que “existe un contrato con una firma interventora para ejercer un seguimiento a los contratos, de la que tampoco se evidencian soportes, reportes ni informes de las acciones adelantadas, pero sí de los pagos. Esto podría estarse constituyendo como un detrimento patrimonial para la entidad”.

EL TIEMPO llamó de manera reiterada al enlace del hospital con la prensa, pero no respondió. En los próximos días, las directivas del hospital serán requeridas para que expliquen cada uno de estos puntos ante las autoridades administrativas, penales, disciplinarias y fiscales.

UNIDAD INVESTIGATIVA @uivestigativaET