Subir el aporte de los afiliados desde el 2021 es el mecanismo que ahora estudia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para financiar la decimatercera y la decimocuarta pensión de los jubilados.

Para ello, hay dos opciones que surgen de un estudio actuarial específico. La primera alternativa es una “tasa nivelada”, la cual consiste en incrementar un porcentaje permanente a los aportes mensuales de los afiliados.

Con esto, se cobraría una prima fija del 1,10% desde el 2021 hasta el 2058.

La segunda opción es una tasa escalonada que crece cada cinco años. Esta tarifa empieza en 0,5% en el 2021 y subirá hasta llegar al 1,96% en el 2058. Con los recursos que se obtengan, por cualquiera de los dos mecanismos, se podrán nivelar los ingresos y los gastos de la entidad, cubrir los décimos y generar reservas.

El anuncio lo hizo ayer Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, en una sesión virtual de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, de la Asamblea Nacional.

Wated manifestó que el Consejo Directivo deberá tomar una decisión pronto, ya que está por vencer el plazo que la Corte Constitucional (CC) dio al IESS para definir el mecanismo de financiamiento de los beneficios de los jubilados.

La CC declaró en diciembre del año pasado la inconstitucionalidad del descuento del 2,76% que se hacía a las pensiones para cubrir los décimos que reciben los pensionistas.

El argumento de la Corte fue que esa retención contravenía el principio de intangibilidad de las prestaciones.

El organismo ordenó la suspensión del descuento y dispuso al IESS que, en el plazo de 180 días y sobre la base de estudios actuariales, reforme la tabla de aportaciones para que sean los afiliados quienes cubran el costo de ese beneficio.

Según cifras oficiales, los pagos de décimos a pensionistas representan unos USD 500 millones cada año.

El Presidente del IESS explicó que el estudio actuarial realizado sobre esta prestación también plantea la alternativa de gravar los décimos de los afiliados, pero la opción fue descartada en estos días.

El fin de semana pasado Wated incluso anunció que la institución se inclinaba por escoger esa recomendación.

El asambleísta Roberto Gómez cuestionó que se haya considerado gravar los décimos de los asegurados activos.

El legislador recordó que el Código del Trabajo señala que no se deberá considerar el decimotercero y el decimocuarto sueldo para efectos del pago de los aportes al Seguro Social.

Wated reiteró que las propuestas del estudio actuarial apuntan a los aportes de los afiliados y ya no sobre sus décimos. “Eso último, obviamente, está prohibido por la ley. Por eso (la propuesta) es sobre el pago mensual de los afiliados”.

Varios asambleístas expresaron su preocupación por la estabilidad financiera del Seguro, aquejada por casos de corrupción, una creciente desafiliación de personas (debido a la pérdida de empleo) y la deuda que mantiene el Estado.

La legisladora Marcela Holguín increpó a Wated sobre las gestiones efectuadas para exigir al Gobierno que cumpla con el aporte del 40%.

“Ahí podría estar una opción para, en algo paliar, el déficit de la institución”, dijo Holguín.

El Presidente del Seguro Social aseguró que se han mantenido reuniones con el Ministerio de Finanzas para encontrar un mecanismo de pago.

De acuerdo con cifras del IESS, el Gobierno adeuda unos USD 6 000 millones por diferentes rubros. Entre ellos, por aportes pendientes para cubrir las atenciones médicas y saldos no pagados de la contribución del 40% para pensiones.

En la Comisión también se consultó a Wated sobre un cobro adicional por las atenciones médicas a los hijos menores de edad y la posibilidad de concesionar la administración de los hospitales del Instituto.

La autoridad explicó que, de momento no se evalúa cobrar una prima extra por las prestaciones a los dependientes menores de 18 años, pues falta un estudio actuarial específico.

Sobre la segunda pregunta, Wated dijo que el Consejo Directivo de la entidad no considera esa idea, aunque señaló que él, personalmente, sí es partidario de delegar.

Fuente: El Comercio