La construcción del establecimiento penitenciario de mediana seguridad ‘La Concordia’ en el corregimiento de Combia en Pereira, ha generado discordia entre los contralores de Pereira y Risaralda y los gobiernos tanto departamental como Nacional.

En diversos medios de comunicación tanto el Contralor de Pereira, Alberto Arias Dávila, como el de Risaralda, Óscar Javier Vasco Gil, han alertando que la materialización del centro de reclusión, no parece ser factible, pues argumentan que se debe hacer una millonaria inversión para que al mismo lleguen servicios públicos domiciliarios y especialmente agua potable.

El contralor departamental indicó que en criterio de dicha entidad “el proceso contractual relacionado con la construcción del Centro Penitenciario adelantado por parte de Fonade, se llevó a cabo con desconocimiento del principio de planeación, que debe orientar todas las actuaciones administrativas y especialmente la contratación estatal”.

Vasco agregó que considerando que se adjudicó la construcción de la obra sin contar con permisos ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) ni con disponibilidad inmediata del servicio de acueducto por parte de la Empresa Aguas y Aguas “fue adjudicada la construcción de la obra sin agotar en debida forma la etapa precontractual y se está poniendo en alto riesgo la inversión de los recursos públicos”.

Por lo tanto el órgano de control estudia la viabilidad de interponer una acción popular “en defensa del patrimonio público para garantizar la adecuada ejecución del proyecto”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno (e) de Risaralda, Katerine Arcieri resaltó que contrario a lo que manifestaron los contralores, el agua está garantizada y será con cargo a los recursos del convenio Fonade-Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

La funcionaria explicó que luego del Comité de Seguimiento Penitenciario y Carcelario que se realizó el 12 de diciembre de 2018, con la presencia del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa; el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director nacional del Inpec, funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec- y el Gobernador (e), se ratificó que ya se habían superado los inconvenientes que retrasaron la obra y que los recursos para la misma están asegurados.

“Nos dieron información de primera mano que dicho proceso contractual sería adjudicado en la presente semana y efectivamente al ingresar a la página del Secop se ve el Proceso CAB 004 de 2018 del 12 de diciembre, que fue para el Consorcio Pílamo”.

Declaró Arcierí, que será en dos etapas, la primera de pre construcción durante 4 meses y comprende la revisión, verificación, ajuste, validación y complementación, actualización y aprobación de los estudios y diseños suministrados por la Uspec durante la vigencia pasada y la elaboración de los estudios y diseños conexión de red de agua potable, trámites de permisos y licencias que se requieran para el inicio de ejecución y liquidación de obra.

La segunda con duración de 24 meses, corresponde a la ejecución de las obras de construcción del establecimiento penitenciario.

Así mismo aseguró la encargada de la Secretaría de Gobierno, que durante la primera semana de 2019 fue adjudicada la interventoría “y se puede constatar en la página del Secop”.

También declaró que fue allegado un oficio al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda donde cursa una acción popular al respecto y a la Gobernación de Risaralda, con referencia a la factibilidad del servicio de acueducto al predio El Pílamo.

Juanita Mendoza

Para EL TIEMPO

PEREIRA