Propietarios y conductores de buses y busetas adelantan este lunes en una jornada de protesta por las principales vías de Villavicencio porque la administración municipal no ha querido ampliar el plazo para la instalación tecnológica para el control de flotas al interior de los vehículos.

En representación de los propietarios de los buses Daniel García expresó que «la puesta en marcha del decreto 158 desplazará a 6.000 familias que viven del servicio público en la capital del Meta, que corresponde a 850 propietarios de vehículos, más de 1.500 conductores y reveladores, además de mecánicos».

García sostiene que en la ciudad hay 1.050 busetas y a través de las siete empresas de transporte Nueva Urbana, Rápido Los Centauros, Arimena, Taxmeta, Cootransmeta, Asprovespulmeta y Transporte Ejecutivo se agruparon en la Unión Temporal Unirrutas y los quieren sacar del negocio.

El secretario de Movilidad, Wilson Andrés Suárez, respondió que mediante el decreto 158 de 2018 se establecieron los requisitos que en términos de tecnología debían implementarse en los buses, en cumplimiento de un decreto expedido desde el año 2014.

Esos avances tecnológicos son el GPS (Sistema de Posicionamiento Global), tableros electrónicos para informar la ruta y torniquetes para contar pasajeros, que permitan optimizar la puesta en marcha del sistema automático de despacho.

No obstante, “empresarios y transportadores parece que se hubieran puesto de acuerdo para que se incumpliera ese decreto, pese a que ellos mismos pidieron seguimiento del mismo a los organismos de control”, a través de la Comité de Moralización que integran Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Personería.

El Decreto 158 se establecieron unos plazos hasta el 25 de mayo y hasta la fecha no se ha avanzado en nada, de manera que no hay una justificación que permita explicar a los organismos de control que el proceso está andando y se puede aplazar, dijo el secretario de Movilidad.

Y la razón de fondo parece ser que “mientras los empresarios a través de Unirrutas contrataron una empresa para que instalara los aparatos tecnológicos en las busetas, los propietarios de los buses tienen interés en que lo haga otra empresa”, dijo Suárez.

La protesta también la acompañan un grupo de taxistas que sostiene que las autoridades no están combatiendo las plataformas ilegales, entre ellas Driver y Pick up, que están afectando sus finanzas, en la medida que hay unos 18 grupos de particulares y cada uno tiene entre diez y 30 carros, según Yéison Roa Londoño, en representación de los taxistas.

El secretario de Movilidad aseguró que es complicado hacer operativos contra los ilegales porque no es fácil demostrar que el conductor está prestando el servicio de transporte y que el usuario pagó a través de plataformas tecnológicas.

Lo que pasa, dice Suárez, es que desde mayo con el acompañamiento de la Superintendencia de Transporte se han adelantado operativos que a todo tipo de vehículo y como resultado de ellos se hizo un comparendo por ilegalidad, 113 motos fueron inmovilizadas, así como 20 vehículos particulares.

Así mismo, a 12 taxis que no cumplían las condiciones técnico mecánicas para prestar el servicio como las llantas lisas, el piso oxidado y esas inmovilizaciones han incomodado a los taxistas.

NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1