Solo el año pasado, el Comité de Rehabilitación de Antioquia atendió a 12.977 personas con algún tipo de discapacidad. De ellas, el 60 por ciento fueron menores de edad. Sonia Marina Gallardo, directora de la organización, advirtió que el trabajo con estos niños que presentan discapacidad debe hacerse lo más pronto posible para que sus resultados sean efectivos.

Para ese fin, la entidad invirtió 1.300 millones de pesos en el 2018. La directora explicó que, si bien atienden a grupos poblacionales de todas las edades, los procesos más críticos se hacen con niños, niñas y jóvenes (hasta los 24 años) que presentan diferentes discapacidades como bien pueden ser físicas, cognitivas, visuales o auditivas.

Sin embargo, por la entrada en vigencia de una ley de 2018, los procesos del Comité se han visto truncados con muchos niños. Para Gallardo, se trata de una mala interpretación de la ley que debe corregirse. Explicó, con preocupación, que debido a la norma han tenido que egresar a 200 niños, 120 de ellos todavía necesitan el servicio del Comité. Esto se debe a que se está aplicando un límite de 18 meses a los niños y adolescentes con discapacidad para que terminen su proceso. Pero, por sus características, estos pueden tardar entre dos y tres años. EL TIEMPO habló con Gallardo para esclarecer la difícil situación.

De qué manera los ha impactado esta Ley 1878 de 2018?

Esta es una Ley de concepción buena que pretendía que se definiera rápido la situación jurídica de los niños que estaban bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). ¿Por qué se hace? Resulta que pasaban muchos años para que el Instituto definiera si un niño podía o no estar en condición de adoptabilidad. Mientras hacían los trámites el niño crecía y perdía la opción de ser adoptado. Entonces se puso un límite de 18 meses para definir esa situación. Pero, como todas las leyes, está sujeta a la interpretación.

¿A qué se refiere con el tema de la interpretación?

Algunos defensores de familia del Instituto están interpretando que esos 18 meses son el límite que le está poniendo la Ley a todas las atenciones y lo están aplicando así a todos los niños, como los que tienen discapacidad, enfermedades graves o drogadicción. Sabemos que el objetivo de rehabilitación para ellos no se logra cumplir siempre en solo 18 meses.

Si el tema es del ICBF, ¿cómo es que afecta al Comité?

Nosotros somos la entidad que tiene el contrato más grande de discapacidad con el Instituto. De noviembre para acá, de 300 cupos, hemos tenido que egresar a 200 muchachos. Han egresado en malas condiciones, o sea, no estaban todavía listos. Además no se ha hecho el proceso como se debería hacer; los lineamientos del Instituto dicen que hay que prepararlos durante un mes antes de que salgan y aquí nos han llegado egresos de 50 o 60 muchachos que nos notifican el viernes y nos dicen que ya no pueden volver el lunes.

¿Qué implicación tiene eso para estos muchachos que tienen que egresar de esa manera?

De los 200 que han salido, desde nuestro concepto, 120 necesitan todavía de nuestra atención. Los estamos mandando a unos barrios que tienen bandas, tráfico de drogas, fronteras invisibles. Ellos, que tienen discapacidad, son absolutamente vulnerables para que los combos los cojan de ‘carritos’ para llevar las drogas, el arma. Quedan expuestos a todos estos riesgos porque todavía no están preparados para este tipo de situaciones.

¿Le han cuestionado este tema al Instituto?

Sí, les decimos que la Ley debe ser correctamente interpretada y esta dice que si el niño sigue necesitando la atención, y eso está debidamente documentado, debe seguir recibiéndola. Lo que estamos haciendo es convocando a nivel nacional para negociar este tema. Hemos tenido tres reuniones: una con una comisión del ICBF, otra con Jairo Clopatofsky (consejero presidencial para temas de discapacidad) y otra con la vicepresidencia. La idea es que se le haga una modificación a la Ley. Pero, mientras eso se logra, los 120 niños están en riesgo. Mientras el Instituto los vuelve a cobijar con sus medidas, estamos tratando de aumentar las donaciones para atender a esa población.

¿Qué respuestas les ha dado el Gobierno?

Que está en trámite, que van a hacer el cambio; pero, como sabemos, en este país todo es muy lento. Creemos que es posible que nos pasemos todo el año en esta cuestión.

MIGUEL OSORIO MONTOYA

Para EL TIEMPO

Medellín