Por: Gorki Dimitrov Aguirre Torres.

La ministra de educación Monserrat Creamer anunció que: “Las escuelas rurales unidocentes y bidocentes, con máximo 35 estudiantes, serán las primeras en abrir sus puertas a los estudiantes de la Costa, desde mediados de agosto”. Estamos hablando de 2.071 instituciones educativas que lo estarían haciendo pero sin explicar, hasta el momento, el plan estratégico táctico, técnico de Bioseguridad en Salud y Educación.

Tal parece que ni siquiera han realizado un cálculo estimativo de la capacidad de carga estudiantil por aula o espacio métrico educativo que poseen. Las aulas rurales (hay casos en las que ni siquiera existen) se presentan como cuchitriles, porque no se les puede denominar aulas escolares, aunque para no ser soberbios, explicaremos que las utilizadas normalmente ya vienen sobrecargadas, pues su capacidad es para 30 estudiantes aunque se educan más de 35, esto inclusive, en las mismas metrópolis.

De acuerdo a este planteamiento y conociendo la deficiencia de infraestructura educativa en el Ecuador, más aún en el sector rural de la Costa, es imposible que se abarque a la población estudiantil existente puesto que si teníamos un aula con la capacidad limitada, hoy por la realidad y circunstancia pandémica, este espacio físico está obligado a reducir su capacidad.

Por el distanciamiento social, a lo mucho, alcanza este espacio entre 13 o 14 estudiantes. Esto quiere decir que de las 2.071 instituciones existentes, estas se convertirían en 829 espacios educativos, lo que significa que faltaría por educar a una población de 43.491 estudiantes de la ruralidad. Es así como este grupo estudiantil no podrá recibir clases este año no solo por la falta de espacio físico, también hay que agregar a ello la falta de acceso al servicio de telefonía móvil e Internet y hasta de energía eléctrica, porque muchos recintos aún carecen de estos servicios básicos elementales. La ineptitud administrativa del Gobierno empieza por el anuncio de la señora Ministra que señala que las personas que no asistan a la escuela de forma presencial, pueden hacerlo por medio de clases virtuales, en forma radial o televisiva, frente a una realidad diferente.

Por otra parte, esta deliberada acción de convocar a los estudiantes a que salgan de la seguridad de sus casas, lejos del cuidado y protección de los padres, a sabiendas que existe un peligro inminente de contagio del Covid-19 en las aulas escolares es imprudente. En estos lugares, el peligro de contaminación es del 99 % seguro a adquirir el virus, pues hasta el momento no se han dado estadísticas factibles sobre contagio masivo de niñas, niños y adolescentes, en gran parte, porque no se les ha permitido salir de sus hogares. Sin embargo, si el Gobierno obliga a trasladarse a este grupo humano del sector rural a que se aglomeren masivamente en 2.071 instituciones educativas, estaría mandando prácticamente a morir masivamente a nuestras hijas e hijos, ya que somos conocedores de la gravedad de la enfermedad pandémica y sus secuelas mortales.

Desde el pensamiento educativo lógico trascendental es imposible creer que desde un Ministerio de Educación se lancen órdenes contra todo aspecto lógico humanista, indicando a los padres que manden a sus hijas e hijos a que asistan a lo que sería un contagio masivo de Covid -19, puesto que llevaría a una muerte segura de los contaminados. Una de las causas se asienta en que el sector rural carece de médicos ni cuentan con infraestructura ni equipos necesarios para enfrentar una epidemia masiva de Coronavirus en su territorio.

Pareciera que la razón de la convocatoria a clases presenciales no sería por la buena intención educativa, sino por el interés en contratar los desayunos escolares, ya que se estarían perdiendo de ganar los jugosos porcentajes de entre 10 % y 20 % que se ha acostumbrado a dar en los chanchullos comerciales gubernativos. Esto ya lo anunció el ex viceministro de educación indicando que su renuncia se debía por ese motivo, porque no quería firmar ese negociado de contratos de desayuno escolar en tiempo de pandemia, cuando no habían estudiantes asistiendo a clases.

Da escalofríos observar a dónde hemos llegado con este tipo de actuar de la gobernanza corrupta. Les vale un comino la vida. Ya fue con la medicina, con los hospitales, ahora es con los desayunos escolares. Les vale más el capital, el sucio dinero más que la vida humana.

De darse esta acción deshumanizante de obligar a los jóvenes a asistir a clases presenciales en tiempo de pandemia, a más de no justificar una razón lógica para hacerlo, nos estriamos encontrando con un delito de acción maquiavélica como lo es el delito de genocidio. Los crímenes por delito de genocidio son los que realizan acciones malévolas que provocan el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. La constitución de la República del Ecuador habla sobre los crímenes de genocidio en su Art. 80 donde señala claramente que “Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles (…) Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó”. Además de que siendo imprescriptibles también se les aplicará la repetición por los daños causados. (O)