Mediante rueda de prensa virtual, la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, informó que el Gobierno de Lenín Moreno vetó totalmente el proyecto de Código Orgánico de la Salud, que tras varios años de análisis fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 26 de agosto.

“El proyecto de Código de la Salud contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolecen de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas y hasta una estructura del sistema de salud poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades. Carece de una verdadera actualización en cuanto a enfoque y contenidos acorde a requerimientos de la sociedad ecuatoriana y el mundo”, mencionó Pesántez.

“Estamos en un estado laico y tal como lo dice la Constitución, así debe actuarse. Ha sido un tema técnico y profesional que no tiene que ver con temas de presiones, es un trabajo técnico y profesional”, enfatizó la funcionaria, en relación al rechazo de la normativa por parte de la Iglesia católica y agrupaciones ciudadanas.

En la rueda de prensa participó el ministro de Salud, doctor Juan Carlos Zevallos, quien declaró que “este Código coloca en condición de imposibilidad la práctica médica. No sólo que incluye eventos ya contemplados en el COIP, sino que crea 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud. Son más de 400 observaciones en fondo y forma. El primer libro tiene el 55% de objeciones, 44% el segundo y 46% el tercer libro. Hay demasiadas inconsistencias y contradicciones. Integralmente necesita ser objetado”.

Además, el secretario de Estado mencionó que el COS fue preparado hace 8 años y no contiene temas relacionados a la pandemia; y que en el proyecto existen artículos que podrían afectar la independencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. “La Constitución es clara al señalar que ninguna autoridad puede estar a cargo de los recursos financieros del IESS, porque son de los afiliados”, sentenció.

Con este veto, el Código de Salud no podrá ser tratado en la Asamblea Nacional durante un año.