El asesinato de Jhon Jairo Amador fue la piedra angular de la investigación contra Ramírez Maestre, quien cometió un error: utilizar el celular de la víctima.

“El investigador de la Fiscalía me dijo que no sabía por dónde empezar y yo le dije que por el celular, que buscara por ese lado. Mi hijo tenía un aparato de alta gama y fijo el culpable de su muerte se lo había robado”, contó Jairo Amador.

El paso a seguir por los investigadores fue solicitar al operador móvil el registro de llamadas desde el número del joven después de su muerte. Se encontró que el mismo día del asesinato se estableció una comunicación con un número en Santa Marta. La receptora fue la hermana de Ramírez Maestre.

Aunque cambió la simcard, el hombre siguió utilizando el aparato y el chip del celular permitió continuar con el seguimiento.

Paralelamente, las autoridades empezaron a acumular victimología (el estudio de las causas del determinante de víctima), estableciendo las zonas donde se repetían muertes con los tres tipos de nudos y realizaron un perfil geográfico.

Durante la recolección del material, las autoridades determinaron que en el nororiente de Colombia había muchas víctimas con la firma criminal de los nudos.

Cuando tenían suficientes pruebas contra Ramírez Maestre, la Fiscalía le tendió una trampa al ‘Asesino de la soga’. Los investigadores del caso se hicieron pasar por Acción Social y le dijeron que aparecía en una base de datos como desplazado, por lo que necesitan ubicarlo para entregarle un subsidio.

La coartada sirvió para que Ramírez Maestre les manifestara que estaba en Santa Marta.

Su captura se realizó en diciembre del 2012 en la capital del Magdalena. En su lugar de residencia encontraron decenas de cédulas, piezas de motos y elementos como cascos y chalecos.

Fue trasladado a Santander, donde se le hizo la imputación de cargos por la muerte de Jhon Jairo Amador de la Rosa. El hombre se allanó a los cargos y, en el 2013, fue sentenciado a 34 años y medio de prisión.

Lo recluyeron en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Palogordo, en Girón, y después lo trasladaron a la penitenciaría de mediana y alta seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’.

Ramírez Maestre está en el pabellón de tratamientos especiales, una zona en donde le brindan fuertes medidas seguridad y donde recibe ayudas sicológicas.

Su celda es de 3 metros por 3 metros y la cama en la que duerme es de concreto, de 1,20 metros por 1,90 metros. Solo puede tomar una hora de sol al día y su contacto con el resto de prisioneros es casi nulo.

En esa prisión también pagan sus condenas otros asesinos seriales como Luis Alfredo Garavito y Manuel Octavio Bermúdez, así como otros criminales como Rafael Uribe Noguera y Levith Rúa Rodríguez.

A comienzos de noviembre, Luis Gregorio Ramírez Maestre fue condenado a 18 años por el asesinado de Marlon Enrique Ceballos, de 31 años, en el municipio de San Diego (Cesar), un hecho que ocurrió en octubre del 2012.

La pena se alcanzó tras un acuerdo que suscribió con la Fiscalía en el cual se le degradó su rango de acusación de autor a cómplice.

“Por lo menos la muerte de mi hijo no queda impune, como ha pasado con otras personas. Ramírez Maestre no le hará más daño a nadie. Mi lucha valió la pena”, comentó Sixta Tulia Ceballos, madre de Marlon Enrique.

“En Colombia no se suman penas por cada delito, solo se toman algunos delitos y se suman las condenas sin superar los 60 años. La verdad es que en el país, desde el punto de vista punitivo y legal, da lo mismo matar a dos que matar a 600”, explicó Francisco Bernate, abogado penalista.

CAMILO HERNÁNDEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO