El pago de una recompensa de diez millones de pesos ofreció la Policía en Córdoba a quien suministre información que permita dar con el paradero de los asesinos de Jorge Herney Castrillón Gutiérrez, muerto a bala el pasado jueves en un paraje solitario del corregimiento Mejor Esquina, perteneciente al municipio de Buenavista.

Sus familiares ha guardado silencio sobre las posibles causas de su muerte, mientras las autoridades realizan cotejos sobres los posibles móviles y autores. Los primeros señalamientos apuntan a los grupos ilegales como Clan del Golfo o Caparrapos como los posibles autores del hecho criminal.

Aunque no militaba en ningún partido político, Jorge Castrillón Gutiérrez, había anunciado en varios sitios públicos de San José de Uré, su intención de participar en la próxima contienda electoral como candidato a la alcaldía de ese municipio.

En el pasado se había visto con varios dirigentes políticos de Córdoba como la actual representante a la Cámara Sara Piedrahita y el ex aspirante a la Gobernación de Córdoba Carlos Gómez Espitia.

La muerte de Castrillón provocó el reclamo del represente a la Cámara Andrés Calle, oriundo de la subregión de San Jorge que comprende varios municipios del sur de Córdoba entre ellos San José de Uré.

El congresista exigió del gobierno nacional mayor presencia en esa zona de Córdoba ante el incremento de la inseguridad en la población.

El Representante a la Cámara por el partido liberal que desde el año 2018 viene advirtiendo el problema y en enero de 2019 advirtió el temor que los grupos armados ilegales interfirieran en el proceso electoral de octubre próximo, cuestionó al gobierno señalando que los ha dejado a merced de los actores armados al margen de la ley.

“Estado sin oídos. La violencia en el sur de Córdoba rumbo a acabar con una región. Grupos armados secuestran y asesinan a candidato a la alcaldía de Uré. Están dejando morir al sur de Córdoba, nos condenan a un siglo de terror”, expresó desde su cuenta de twitter.

Con la muerte de Jorge Castrillón Gutiérrez, asciende a 28 la cifra de líderes asesinados entre 2016 y 2019 en el sur de Córdoba.

Su muerte se conoció en momentos en que el presidente Iván Duque anunciaba desde Chocó el pago de recompensas a quien delate a los autores de los crímenes de líderes sociales.

Sobre alias Otoniel, máxima cabeza del llamado clan Úsuga, hay una recompensa de 3 mil millones de pesos. Esa banda criminal, la más grande del país y surgida hace una década, tras la desmovilización paramilitar, ha sido señalada de decenas de asesinatos de líderes sociales en el nordeste de Antioquia, Nariño y varias zonas de la Costa. Por ‘Otoniel’ hay otra recompensa de Estados Unidos, esta por 5 millones de dólares.

GUDILFREDO AVENDAÑO MENDÉZ

Para EL TIEMPO

San José de Uré (Córdoba)