Este sábado, 6 de julio, ascendió a ocho la cuenta de campesinos asesinados en el sur de Córdoba durante 2019. Manuel Osuna Tapias tenía 67 años y vivía de la agricultura en su casa de madera y palma, distante 2 horas del casco urbano de San José de Uré, municipio vecino de Montelíbano y Puerto Libertador.

Hasta allí llegaron sus asesinos, lo decapitaron e incendiaron su finca, según denuncia la Fundación Cordobexia, de la que Osuna formó parte.

Andrés Chica, vocero de Cordobexia, se ha pronunciado públicamente de forma reiterada exigiendo atención para la situación de seguridad del departamento.

Desde principios de este año, los campesinos que se acogieron voluntariamente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS se han desplazado por acoso de actores armados que ocupan la zona.

El Sur de Córdoba se conecta, vía Nudo del Paramillo, con el Bajo Cauca antioqueño.

Los desplazamientos también han afectado a población campesina e indígena embera y zenú de la región, que no hacen parte del PNIS, pero vivieron combates entre el ‘clan del Golfo’ y los ‘Caparrapos’, sobre todo en Tierralta y Puerto Libertador.

A la par, los defensores de derechos humanos y medio ambiente empezaron a recibir amenazas contra su vida.

Las denuncias sobre la inseguridad de los pobladores y líderes se tornaron más que urgentes luego del asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, que estremeció al país por la reacción en video de uno de sus cuatro hijos, quien presenció el homicidio.

En la misma semana de la difusión del video se conoció un panfleto que amenazaba de muerte a dos líderes y un periodista de la región. Uno de estos líderes fue Irrael Aguilar, vocero de las comunidades zenúes del Alto San Jorge, cuya lucha por la tierra y en defensa del medio ambiente fue publicada por EL TIEMPO en abril de este año.

Andrés Chica también recibió la advertencia contra su vida y desde entonces se encuentra por fuera del departamento.

ELTIEMPO.COM