A Paula Andrea Gómez, propietaria del restaurante Il Forno, en Manizales, un juzgado le notificó que debía demoler la terraza que había construido hace tres años en su negocio.

Los 20 días de plazo que le dieron se cumplen el próximo 6 de febrero. La empresaria deberá demoler o pagar una multa de 50 millones de pesos.

Gómez ha hecho público el caso porque considera que, más allá de su interés particular, está el bien común, ya que tras la demolición de su terraza, vendrán las de las demás que -al igual que la suya- no cumplen con la reglamentación.



“No es un tema de un local, es un tema de ciudad porque son más de 450 terrazas. Y detrás de esta demolición vendrán otras. Sé de varias, alrededor de 10 más, que ya están a portas de un fallo”, comentó.

En mayo de 2018, los comerciantes y el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, tuvieron una mesa de concertación en la que buscaban una solución. La discusión sobre el Acuerdo 111, que sugería un impuesto a manera de compensación del espacio se cayó en el Concejo Municipal por no haber logrado unificar los criterios. Con 15 votos a favor, dos ausentes y dos impedimentos, la regulación a terrazas, zonas verdes y antejardines quedó en cero y los comerciantes expuestos a acciones populares que les causaron los problemas que hoy enfrentan.

Al respecto, la empresaria aseguró que el acuerdo no debió hundirse, sino modificarse para buscar una solución de fondo. “Finalmente no se llegó a un acuerdo porque pagar impuesto no legalizaba las terrazas y lo que nos tiene en estas circunstancias es eso”.

La denuncia que propició el fallo fue interpuesta por un anónimo, lo que a Gómez le genera desazón ya que no se había presentado una situación similar. “Incomoda porque no se sabe quién quiere hacer eso, si a nadie le había importado, pues lo que se está haciendo es generar empleo y además embellecer la ciudad”.

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Al respecto, el secretario de Gobierno y alcalde (e), Jhon Hebert Zamora, aseguró que no hay irregularidad ni con los procesos ni con el proyecto de acuerdo 111. “En los diálogos que se tuvieron con los comerciantes se dejó claro que al no pasar el proyecto de acuerdo, quedarían expuestos a repercusiones judiciales en caso de que algún ciudadano presentara una Acción Popular que obligara remover estas terrazas”.

Gómez analiza las opciones legales que tiene antes de acudir a la demolición. Esperan hace meses un proyecto de acuerdo nuevo impulsado desde Fenalco Caldas y la Cámara de Comercio de Manizales.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO