El exalcalde de Puerto Gaitán Oscar Bolaños y tres contratistas deben responder ante la Fiscalía por las irregularidades cometidas en la ejecución de los contratos para la construcción de seis internados en esa población del Meta, entre los años 2008 a 2011.

Los internados que tenían como objetivo favorecer a población indígena en estado de vulnerabilidad y, según establecieron los investigadores, dos de las obras presentan un detrimento patrimonial cercano a los 4.000 millones de pesos, no habían sido puestos en funcionamiento al momento de que los organismos de control hicieron la inspección de las obras, incumpliendo los servicios de alimentación, de estudio y/o dormitorio.

Los contratistas vinculados a la investigación porque supuestamente suscribieron contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros son Víctor Julio Agudelo Santander, de la unión temporal Awaliva y Tillavá; Raúl Gonzalo Ávila Vásquez, representante de la unión temporal Alto Tillava, y Mauricio García Sanz del consorcio Ingeotec que hace parte de unión temporal Awaliva.

Los contratistas implicados estarían relacionadas con supuestas irregularidades en dos contratos que tenía como objetivo la construcción de los internados de los resguardos Awaliva y Alto Tillavá, asentadas en dicho departamento, cuya edificación tendría un costo superior a los 8.500 millones de pesos y el aparente detrimento ha sido calculado en cerca de 4.000 millones de pesos.

Los tres contratistas se presentaron ante un juez de control de garantías para la respectiva imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

En contra Agudelo Santander, Ávila Vásquez y García Sanz el juez impuso medida de aseguramiento no privativa de libertad consistente en el cumplimiento de los procesos de contratación, la prohibición de salir del país y la suscripción de compromiso de observar buena conducta social, familiar, laboral e individual.

Los investigadores establecieron que algunos de estos establecimientos fueron construidos proyectándose de manera sobredimensionada, toda vez que la capacidad se dispuso para atender a 300 indígenas estudiantes internos, pero la población a beneficiar no alcanzaba esta cifra y las construcciones no tienen licencia de funcionamiento como internados.

El exalcalde Oscar Bolaños, que ostentó el cargo para el periodo 2008-2011, y varios de sus funcionarios también están siendo investigados por los mismos hechos.

Villavicencio