La Fiscalía General del Estado indicó este viernes que 15 personas están siendo procesadas por “su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la comercialización y venta de insumos médicos a diferentes hospitales de Guayaquil”.

Estas actividades, presuntamente irregulares, habrían provocado que los acusados obtengan ingresos que no han podido justificar y que constan en el sistema financiero nacional.

Por el caso, Gianella Nortiz, jueza de grantías penales, dictó prisión preventiva para: Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley, Daniel y Noé Salcedo, Stéfano Adum, Karina Cadena, Jorge Henriques, Federico Zenck, Xavier Jordán y Pablo Mendoza. Mientras que María Gabriela Pazmiño, Jorge S., Marco S. recibieron prohibición de salida del país.

A Luis Jairala se le impuso arresto domiciliario por su estado de salud.

La audiencia de formulación de cargos, que se realizó en la Unidad Judicial del Albán Borja, duró 15 horas, donde la fiscal Claudia Romero presentó elementos contra los acusados en el proceso, que se hace en base al artículo 370 del Código Organico Penal y por el que los involucrados podrían recibir una pena de tres a cinco añso de prisión.

Según la Fiscalía, se tienen informes derivados de investigaciones de la relación entre los acusados, así como los insumos médicos incautados en un local deportivo de Guayaquil. También se ha podido obtener “registros societarios de cada investigado, así como los de la Unidad de Análisis Financiero y Control (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), al igual que las versiones de los propietarios de inmuebles arrendados”.

Extranjeros relacionados con Jacobo B.

La Fiscalía introdujo en el proceso copias de otro proceso que se lleva en Santa Elena en contra de dos extranjeros a quienes se les encontró más de 300 mil dólares, que según dijeron, fueron obtenidos por la venta de insumos médicos comprados aparentemente a Jacobo B. en su domicilio en el norte de Guayaquil.

“También resolvió la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, transferencia de acciones y liberación de pólizas, y el bloqueo de cuentas que tengan los procesados en el sistema financiero nacional. La instrucción fiscal durará noventa días”, indicó Fiscalía. (I)

Fuente: El Universo