La Fiscalía del Ecuador vinculó a otras dieciséis personas al proceso que se sigue por presunto peculado, en el que se investigan varios convenios suscritos por funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con empresas dedicadas a la venta de insumos médicos.

La jueza de Garantías Penales Marcela Ortega acogió en parte la solicitud de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Cristina María Aguilar Rodríguez (auxiliar de Contratación Pública), José Luis Llerena Candela (contratista) y Jorge Josué Henriques Aguilera (director de Contratación Pública).

Mientras que para Luis Enrique Jairala Zunino, exdirector del hospital, Esteban Raúl Seminario Montalvo y Gustavo Adolfo Peralta Jurado (área financiera), Javier Rolando Velecela Chica y Mariana del Carmen Mindiola Ríos (exdirectores jurídicos), José Euclides Bajaña Pérez (coordinador administrativo), Jorge Luis Cornejo Barrios, Jorge Enrique Guerrero Ledergerber, Omar Khayyam Coronado Vargas, José Paúl Santos Ycaza y Fray Rudiard Cobeña Macías (funcionarios), Johnny Henry Pilligua Burgos (Comisión Técnica de Contratación) y Roswin Fernando Angulo Jeremías (beneficiario de convenios de pago) dispuso arresto domiciliario, prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad.

Las medidas cautelares se dictaron debido a que los procesados –durante el desarrollo de la diligencia– presentaron certificados médicos y documentación de arraigo social, que justificarían su presencia dentro del proceso penal iniciado.

El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, en la audiencia de vinculación que terminó la noche de ayer, presentó entre los elementos de convicción: las pericias de contratación pública y contable por un supuesto perjuicio económico a la casa asistencial por la compra de insumos médicos, informes generales emitidos por la Contraloría General del Estado, certificados laborales de procesados (que confirman su relación laboral con el Hospital) y copias certificadas de convenios de pagos recaudados con compañías y distribuidoras. Además de las versiones de los investigados en el proceso.

Según la investigación, la adquisición de los insumos médicos fue justificada con una supuesta declaratoria de emergencia que no ocurrió, según certificaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Este ilícito habría ocasionado un perjuicio al Estado por más de 3 millones de dólares.

El caso

En operativos ejecutados la madrugada del 3 de junio de 2020, Fiscalía y Policía Judicial allanaron varios inmuebles en Guayaquil. Seis personas, que estarían involucradas en un presunto delito de peculado, fueron detenidas.

Dos más fueron vinculadas al proceso el 15 y 27 de junio de este año, tras haber sido capturadas por la Policía Judicial.

Fiscalía inició una investigación en septiembre de 2019, a través de la Unidad de Administración Pública, por denuncias presentadas por el entonces Director Nacional del Seguro Social. A ello se sumaron los informes de Contraloría, respecto al período de gestión 2012-2019.

Fiscalía procesa este caso según el artículo 278 del COIP, que indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal y en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.