La Fiscalía del Ecuador procesó a nueve personas por el delito de delincuencia organizada. Los sujetos fueron detenidos la madrugada de ayer en allanamientos ejecutados en Guayas y Manabí.

Se presume que los sospechosos se dedicaban a ofertar créditos de hasta 10 000 dólares de BanEcuador, solicitando cantidades de dinero que servirían como enganche para iniciar los supuestos trámites bancarios.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada por videoconferencia en la Unidad Judicial Febres Cordero, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, César Matías Gonzaga, presentó como elementos de convicción: el informe de vigilancia y seguimiento a los procesados, el parte de aprehensión, documentación obtenida en los allanamientos y la denuncia presentada por el gerente general de BanEcuador.

El juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, dictó prisión preventiva contra seis de los procesados: Eusebio Teófilo M. M., María Elena L. F., Josué Alberto G.R., Tannia Lorena M. M., Diana Graciela A.R. y Néxar Ramón M. B.

Mientras que a Madelaine Esther M. L. le dictó la medida alternativa de arresto domiciliario, por encontrarse en estado de gestación; y, a Manuela Mabel C. P. y Mónica Monserrate T. C., medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad judicial.

La instrucción fiscal durará noventa días.

Así operaban:

La Fiscalía inició una investigación el 30 de enero de 2020, por una denuncia presentada por la gerencia general de BanEcuador (entidad financiera que otorga créditos a emprendedores), en la que señalaba que “personas inescrupulosas, haciéndose pasar como funcionarios de esta institución, estarían ofreciendo créditos y préstamos bancarios hasta por un monto de 10 000 dólares”, con plazos de pago a diez años y al 5% de interés anual.

Para ello, esta presunta organización delictiva ofrecía préstamos en zonas suburbanas y rurales de varios cantones del Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, hasta donde llegaban y exponían los planes crediticios, pero –para acceder a ellos– solicitaban cantidades de dinero (de 60 a 100 dólares) y la promesa de abrir una cuenta bancaria en la entidad.

Entre la documentación solicitada a los perjudicados constaban copias de cédula de identidad y votación, planilla de servicios básicos, Registro Único de Contribuyentes; y si el futuro solicitante tenía bienes inmuebles, se les solicitaba copia de los predios o propiedades.

Los sospechosos fueron detenidos tras allanamientos ejecutados en los cantones Guayaquil, Daule, Lomas de Sargentillo, del Guayas; y Portoviejo, de Manabí. A los procesados se les encontró documentación relacionada al hecho.

Al parecer, más de 2 000 personas fueron perjudicadas por este delito, por lo que la Fiscalía hace un llamado a quienes han sido estafados para que denuncien el hecho. El monto del perjuicio superaría los cientos de miles de dólares.

La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.