El inicio de las obras del Central Park, uno de los proyectos bandera del gobernador Luis Pérez, continúa enredado en una maraña de procesos jurídicos que amenazan con gastarse los últimos días que tiene el departamento para dejar la construcción sobre ruedas.

Mientras el gobernador aseguró que este lunes se concretarían las últimas licitaciones requeridas para iniciar los trabajos, el pleito por el lote del parqueadero Bellavista, un pequeño terreno de 4 hectáreas disputado por la Gobernación y un grupo de personas que alegan ser sus propietarios, también avanzó.

La disputa por el lote del parqueadero comenzó en el 2015, cuando la Gobernación emprendió un proceso para desalojar a un conjunto de comerciantes que trabajan en el terreno, alegando que este formaba parte del lote Tulio Ospina, donde se pretende construir un parque metropolitano, un autódromo, un centro de salud, una estación de Policía, entre otras construcciones para diversas disciplinas.



Cabe recordar que el lote Tulio Ospina es una extensión de tierra de 90 hectáreas de propiedad del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), que en 1973 tomó la decisión de cederlo para que allí fuera hecho un parque urbano.

El punto central del lío consiste en que aquellas 4 hectáreas del parqueadero, sobre las que hay múltiples procesos judiciales, quedaron incluidas en la licencia con que la Curaduría Segunda Urbana de Bello autorizó el proyecto.

Esto explica los múltiples intentos de la Gobernación por desalojar a los reclamantes del predio, quienes a su vez no dan el brazo a torcer en la disputa jurídica. A la fecha ese lío incluye, además de múltiples procesos administrativos, uno de pertenencia para determinar quién es el dueño del terreno.

Alexander Martínez, abogado integrante del equipo jurídico que representa al grupo de reclamantes, dijo que esta semana solicitó a la Curaduría Segunda Urbana de Bello la revocatoria de la licencia del proyecto y aseguró estar preparando una demanda penal ante la Fiscalía por el delito de prevaricato contra ese curador.

Carlos Contreras, también miembro del equipo que defiende a los reclamantes, consideró que la premura de la Gobernación por desalojar a las personas obedece a un plazo que estableció el ICA cuando le permitió utilizar el predio para sus proyectos, y que vence este 17 de agosto.

“Se establece un plazo máximo de dos años a partir de la presente modificación para que se adopten las medidas jurídicas y administrativas que viabilicen el desarrollo de los proyectos a realizar en el predio, o de lo contrario se restituiría las áreas no aprovechadas al ICA sin lugar a compensaciones, pagos o indemnizaciones”, dice el documento, firmado el 29 de junio de 2017.

Por otra parte, a este conjunto de procesos se suma una nueva preocupación que la semana pasada el contralor de Bello puso sobre la mesa. Se trata de revisar la idea de construir un autódromo, por considerar que los impactos ambientales todavía no han sido discutidos a fondo con la comunidad.

“Los dos únicos autódromos que hay en Colombia, en Cajicá y Tocancipá, están ubicados en áreas rurales donde no hay un gran número de personas. Sin embargo, el impacto de ellos ha sido tan grande que ha dado lugar a múltiples tutelas y acciones populares. En Bello hay una alta densidad poblacional y el sitio donde se plantea hacerlo está rodeado por varios edificios que podrían verse afectados por el ruido”, dijo Julio César Monsalve, contralor de Bello.

Este diario solicitó a la Gobernación respuesta a estos temas, pero al cierre de la edición no lo había hecho.

Durante la tarde del lunes pasado, se conoció un fallo en primera instancia que favorece a la Gobernación frente a una tutela interpuesta por el grupo de reclamantes del predio.

Estos últimos aseguran que impugnarán la decisión y permanecerán en el lote.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

​Para EL TIEMPO

MEDELLÍN.

En Twitter: @JacoboBetancur