La Comisión del Derecho a la Salud, de la Asamblea Nacional, aprobó con 10 votos a favo, el informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad.

Los asambleístas concluyeron que, de la revisión a los expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL) y de personas con discapacidad, se identificaron hallazgos como: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.

El informe descubrió que profesionales calificadores -en ámbitos que no son de su competencia- han registrado a personas con discapacidad. Además se detectó que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación.

Los datos revelaron procedimientos inusuales en los que 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública, en su período laboral, emitieron 29 708 carnés, de los cuales 3 000 corresponden al período de pandemia; 1 650 están en proceso de notificación, 1 140 en proceso de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes y 210 fueron emitidos fraudulentamente.

El Ministerio de Salud Pública incumplió sus atribuciones y responsabilidades como ente rector del Sistema Nacional de Salud al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, velar por el cumplimiento y sancionar cualquier incumplimiento a la normativa interna, así como los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato degradante y discriminatorio, conforme lo establece el artículo 48, numeral 7 de la Constitución de la Republica.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades no demostró a la Comisión haber exigido al Ministerio de Salud Pública que adopte las medidas correctivas inmediatas para mejorar el proceso de obtención de carnés de discapacidad y tampoco demostró el seguimiento a la implementación de la política pública sobre el nuevo proceso de calificación, ni acciones puntuales durante la emergencia.

El escándalo de la emisión de carnés tomó peso cuando fueron involucrados ciertos asambleístas y, en dos casos, sus cónyuges. En el Consejo de la Judicatura existen carnés de discapacidad asignados a: 703 servidores, de los cuales 104 son jueces, 42 agentes fiscales y 19 notarios, sobre los cuales no se ha escuchado ningún pronunciamiento, ni de parte del Ministerio de Salud Pública, ni de la Fiscalía General del Estado.

En consecuencia, la Comisión del Derecho de la Salud recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que proceda al enjuiciamiento político del ministro y exministra de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos y Catalina Andramuño, respectivamente; así como del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Xavier Torres Correa, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales, de la Ley Orgánica de Discapacidades; y, de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en su orden.

Adicionalmente, solicita al Ministerio de Salud un reporte actualizado del seguimiento a las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado, respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29 708 carnés, de los cuales 2454 presentaron irregularidades y se remita de carácter obligatorio a la Comisión del Derecho a la Salud.

También requiere a la Defensoría Pública y a la Defensoría del Pueblo que asuman la reivindicación de los daños generados a las personas con discapacidad ante la execrable denuncia de emisión de carnés en el periodo de la pandemia.

Una vez que se cuente con los resultados de las auditorías al proceso de entrega de carnés de discapacidad, se proceda con la anulación de tales documentos y se notifique al Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para que ejecuten las acciones en el campo de sus competencias.

En base a la documentación remitida por el Ministerio de Salud Pública, sobre la detección de irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Fabricio Villamar Jácome que, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, el Comité exhorta al Pleno de la Asamblea que conforme una comisión multipartidista para que determine las irregularidades en las que hubiere incurrido el mencionado legislador.

Finalmente, el informe solicita exigir al Ministerio de Salud Pública que efectúe los procesos de recalificación debidamente solicitados por los asambleístas Israel Cruz Proaño y Ramón Terán Salcedo, quienes han remitido de manera formal y voluntaria el formulario previsto por esa cartera de Estado.

La legisladora Marcia Arregui tiene un plazo de 30 días para remitir el formulario al Ministerio de Salud para la recalificación de la discapacidad. El mismo plazo tendrán los funcionarios Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior; Juan Sebastián DeHowitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica; y Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil.