La Comisión de Fiscalización y Control Político, de la Asamblea Nacional, recibió los argumentos de cargo de los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, solicitantes del juicio político contra María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, quienes ratificaron que hubo incumplimiento de funciones durante las protestas del paro nacional de octubre del 2019.

Roberto Gómez subrayó que el juicio incluye también otros elementos que inciden en la falta de probidad notoria de la funcionaria, como el presunto reparto de hospitales en el país.

El asambleísta añadió que las acusaciones se enmarcan en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que la ministra justifica por ser lo que tenían a la mano, pues según informes técnicos esos dispositivos resultan letales, en esas condiciones; la obstaculización de tareas humanitarias, entre ellas la represión a un predio universitario donde había mujeres, niños (bebés), ancianos y demás personas vulnerables; la falta de garantías de seguridad para los periodistas.

“No estamos juzgando a una persona, sino a una funcionaria que en nombre del Estado actuó de manera inadecuada, faltando a su deber de protección de la seguridad ciudadana”, enfatizó.

El legislador presentó varios videos y testimonios que, en su momento, fueron expuestos en el marco de las investigaciones de las acciones de violencia del paro de octubre de 2019, a través de la Comisión Multipartidista que se conformó para el efecto. Subrayó que esos testimonios y el informe aprobado por la referida comisión son también elementos que prueban el incumplimiento de la ministra Romo.

Mientras que Lourdes Cuesta aseguró que la falta de probidad notoria de la ministra Romo no solo se evidenció en octubre de 2019, sino a lo largo de su ejercicio como ministra. “El juicio debe centrarse en los hechos de octubre, pero yo pregunto ¿qué octubre? Octubre de 2018, cuando permitió la fuga de Fernando Alvarado; octubre de 2019, cuando no pudo controlar a seguridad y el orden público; o más bien octubre de 2020, cuando aparece que su tío Andrés Romo está implicado en el reparto de los hospitales”, agregó.

La parlamentaria manifestó que el país está cansado de personas que creen estar por encima de la Constitución, de la Ley e, inclusive, de los derechos humanos y hacen gala de sus actuaciones, cuando han repartido hospitales en plena pandemia, sin considerar las necesidades ni el dolor de la ciudadanía que demanda una salud de calidad, con calidez.

Entre tanto, Amapola Naranjo aseveró que en octubre de 2019 el Gobierno sacó a la Policía para agredir a la ciudadanía, justificando su accionar en una supuesta violencia provocada por los manifestantes. “Nosotros rechazamos todo tipo de violencia…, la protesta fue pacífica y, como ocurre en otras ocasiones, hubo infiltrados que generaron actos reprochables”, añadió.

Al cierre de la sesión celebrada ayer, la Comisión decidió solicitar al presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, que remita la resolución No. RL-2019-2021-077 de la Asamblea Nacional de 27 de agosto de 2020 y el informe de investigación efectuado por la Comisión Multipartidista de Investigación de las denuncias juramentadas presentadas en contra del asambleísta Daniel Mendoza, para que los mismos sean incluidos al expediente de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.