Parados en la entrada del condominio, residentes del edificio Alquería les dijeron a las autoridades que no son testaferros y defenderán sus apartamentos en el edificio Alquería de Cali.

El plantón surgió en la mañana del viernes cuando arribaron funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), antigua Dirección Nacional de Estupefacientes.

El pasado 6 de noviembre había llegado una misiva en la que se explica cuál es el papel de la SAE, como sociedad economía mixta, vinculda al Ministerio de Hacienda y Crédito, para administrar, adquirir, comercializar, intermediar y enajenar cualquier título de bienes muebles, inmuebles, comerciales, empresas, y partes de interés en sociedades civiles y comerciales.

Y le anuncia al destinatario que si no desocupa el inmueble, se procederá al desalojo.

Los sueños de casi un centenar de familias se convirtieron en una pesadilla desde el 29 de junio de 2004. Esa mañana militares, acompañados de fiscales, allanaron 96 de los 155 apartamentos de la unidad residencial Alquería, en el sur de Cali.

Según la Fiscalía, habrían comprado apartamentos en un predio que sería del extinto capo del narcotráfico Helmer ‘Pacho Herrera’, quien después los vendió a través de la inmobiliaria UMV, la cual desaparecería a los pocos días.

Pero los dueños sostienen que los inmuebles fueron ofertados por la constructora en avisos en la calle Quinta y en periódicos locales. Desde entonces se sigue el proceso 1665. “Trabajamos para comprar una vivienda y nos han tratado como a delincuentes”, dicen habitantes.

Las personas no se dejaron ingresar al edificio, en unión con los copropietarios y vecinos para que no sacaran a los habitantes de los apartamentos 1102 B de la torre A1, 201 C, 202 C, 203 C, 302 C, 303 C, 302 D, 302 D y 401 C de la Torre A2.

Representantes de la administración de Alqueria tomaron la palabra por los copropietarios para dialogar con los delegados de la SAE.

Los copropietarios pidieron durante los sucesos a la Policía la respectiva orden judicial de desalojo.

Sin embargo, los uniformados indicaron que realizaban el acompañamiento respectivo.

Durante la situación se prendieron las alarmas de los apartamentos, la gente empezó a llamar a los adultos mayores.

“Ellos no dijeron, venimos con una orden pero no les notificaron a los copropietarios que les anexaron en la orden de la entidad”, aseguró Elisa Sarmiento.

“Hay mucha angustia por parte de los propietarios del edificio, personas llorando y a que si hay desalojo para una habrá desalojo para muchas”, anotó ella.

Ahora, los vecinos están en la incertidumbre y la angustia por este procedimiento, sin que se haya definido la suerte de esos bienes.

“Hasta ahora, la Fiscalía no nos ha resuelto, pero hablando con el Fiscal, que nos precisó que este caso lo llevan hasta Bogotá y en este momento se está resolviendo. Entonces es contradictorio que venga la SAE de la nada a hacernos el desalojo.

Eso se ha convertido en tortura psicológica. Cada vez que hay cambios en la administración de la SAE vienen las cartas de amenaza”, dijo una habitante.

Las misivas buscarían que como ocupantes ilegales terminen pagando arriendo, dicen en este condominio. Un residente dice que “hemos estado pagando administración, tratamos de soportar pero son 15 años de angustia”.