Un proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría en contra de 12 concejales de Montería, tiene en vilo la curul de esos cabildantes, cuyo período culmina el 31 de diciembre próximo.

El Ministerio Público encontró méritos para proferir pliego de cargos contra los doce políticos tras comprobar serios indicios que los responsabiliza de haber elegido irregularmente a la secretaria general del Concejo para la vigencia 2019.

Una de las supuestas irregularidades que motivó la investigación es que, al momento de elegir al nuevo secretario general, desconocieron los procedimientos y reglas que exige tener el cuenta el puntaje máximo que obtengan los aspirantes al hacer las pruebas para dicho cargo.

De la terna preseleccionada, los 12 concejales implicados, votaron por la que obtuvo el menor puntaje poniendo en desventaja a quienes alcanzaron calificaciones más altas.

A juicio del órgano de control, los concejales habrían vulnerado, presuntamente, los principios de eficacia y moralidad administrativa, al incurrir en una aparente extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

«Por esos hechos, la Procuraduría profirió pliego de cargos a los concejales Liliana Yúnez Luquetta, Daniel Márquez González y Luis Carlos López, en su condición de miembros de la Mesa Directiva de la corporación para la fecha de la selección. También fueron cobijados con la decisión Emiliano Álvarez Bedoya, Álvaro Cabrales Vergara, Ernesto Cáliz Martínez, Amaury Contreras Ubarne, Alexander Madrid Botero, Leonel Márquez Sanes, Francisco José Navarro Marrugo, Ceyla Enith Ramón Romano y Carlos Alberto Zapata», señala un informe del ente investigador.

La Procuraduría también profirió pliego de cargos a Luis Ángel Barrios López, quien era el secretario general de la Mesa Directiva del concejo municipal para la época de los hechos.

Tanto los cabildantes como Barrios López habrían incurrido en una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Inhabilitado por 10 años

La Procuraduría también sancionó con destitución e inhabilidad general de 10 años al concejal de Montería, Gustavo Ricardo Negrete Bonilla, por violar el reglamento interno de la corporación, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto que él presidía.

En fallo de primera instancia la Procuraduría Regional de Córdoba estableció que Negrete, en calidad de Presidente de la Comisión, levantó la sesión del 23 de noviembre de 2018 sin ninguna

justificación y sin concederle el uso de la palabra a los miembros de la misma que querían intervenir, con lo que no agotó el procedimiento establecido.

Para el Ministerio Público la acción del funcionario estuvo dirigida a evitar el correcto funcionamiento de la sesión, con lo que se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, y desconoció el reglamento interno del Concejo, herramienta con que cuenta una corporación colegiada para cumplir sus deberes constitucionales y legales.

Por esos hechos la Procuraduría calificó la conducta de Negrete, como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo fue apelado por la defensa del concejal.

Gudilfredo Avendaño

Especial para EL TIEMPO

Montería