En tan solo tres semanas, el Cabildo capitalino suma ya su quinta investigación por presuntas irregularidades en contratos firmados en la pandemia. Sobreprecios y adjudicaciones con anomalías marcan la pauta de los casos.

Cinco investigaciones en menos de un mes iniciaron los organismos de control en el Municipio de Quito, por presuntos actos de corrupción. Esto se ha convertido en una “bomba” que puso a tambalear a muchos. El propio alcalde Jorge Yunda fue denunciado y este martes 16 de junio de 2020 rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía.

El más reciente escándalo se conoció el 14 de junio, cuando la Contraloría informó sobre presuntas irregularidades en un contrato para repavimentación suscrito por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) con el Consorcio Repavimentación Quito.

Según el ente de control, luego de suscrito el contrato, el Consorcio cedió a las compañías Geinco Cía. Ltda. y Herdoíza Crespo Construcciones parte de los trabajos. Aquello se debió a que no contaba con la capacidad operativa y técnica para ejecutar la obra, cuyo monto es de $30’126.653 y fue adjudicada por régimen especial.

Los datos recopilados por la Contraloría señalan que el 8 de octubre de 2019, el entonces gerente general de la Epmmop, Mauricio Rosales, autorizó el inicio del proceso de contratación mediante régimen especial.

Acto seguido, en la misma fecha invitó directamente a La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolución para que entregara su oferta. Sin embargo, dicha oferta fue presentada el 21 de octubre de 2019 por una persona jurídica diferente a la que fue invitada: Consorcio Repavimentación Quito.

Esta firma está conformada por la propia Inmosolución (75%) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (25%). La empresa pública suscribió el contrato 098-Epmmop-2019 con el Consorcio el 7 de noviembre de 2019, por $ 30’126.653,13, incumpliendo su propia Resolución 154-Epmmop.

Las investigaciones indican que los pliegos se ajustaron a las características de la compañía adjudicada y se omitieron requerimientos: por ejemplo, no se consideraron parámetros de equipo mínimo, personal técnico propuesto y acreditación de la experiencia y metodología de ejecución del proyecto.

Los funcionarios de la empresa municipal no justificaron, a través de estudios, la conveniencia técnica y económica de la contratación directa, como tampoco realizaron la comparación de la capacidad operativa del consorcio con otras empresas.

Según el ente de control, la Epmmop no justificó la necesidad ni la conveniencia técnica y económica para la contratación. Tampoco justificó por qué realizó una invitación directa a Inmosolución.

En este contrato, la Contraloría aprobó el informe con indicios de responsabilidad penal. El pasado martes, César Montúfar, excandidato a la Alcaldía quiteña, y el concejal Fernando Morales denunciaron en la Fiscalía al alcalde Yunda por peculado y delincuencia organizada, por este caso y por presuntas irregularidades en contratos con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

Según Montúfar, “se transfirió, a través de la figura de subcontratos, a la empresa Geinco gran parte de proyectos, aproximadamente de $ 51 millones para repavimentación y obras de agua potable y alcantarillado”.