En operativos liderados por la Fiscalía, tres personas fueron detenidas y procesadas por los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral. Los sujetos tenían como centro de operaciones los cantones Guayaquil y Marcelino Maridueña, en Guayas; y, Buena Fe, en Los Ríos.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó como elementos de convicción: los informes investigativos, los vehículos utilizados por los sospechosos, reconocimientos y exámenes médicos practicados a las víctimas menores de edad, las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familias.

El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Evert Dick G. S. y Eucly Magdalena I. C., mientras que para María de Lourdes O. M. dispuso arresto domiciliario. Además, emitió boletas de auxilio y medidas de protección a favor de las afectadas, como la prohibición a los procesados de ejercer actos de intimidación, ellos mismos o por medio de terceros.

La Fiscalía junto a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) ejecutaron allanamientos en las provincias de Guayas y los Ríos, la noche del martes y madrugada de ayer, que permitieron la detención del líder de una congregación religiosa y a dos de sus integrantes.

Según las indagaciones, los sujetos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias, ubicadas en la cooperativa Assad Bucaram, de la parroquia Pascuales, en Guayaquil; y en el cantón Buena Fe, de Los Ríos, donde las obligaban a cumplir con trabajos forzados de índole doméstico y explotándolas laboralmente, para después de cierto tiempo –y una vez ganada su confianza– proceder a abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.

Familiares las víctimas denunciaron el hecho en enero del 2020, por un presunto delito de secuestro. Entonces, la Fiscalía inició un proceso investigativo con la colaboración de la Unase y de la Policía Judicial, determinando que existirían presuntos casos de abuso sexual y explotación laboral contra las mujeres.

Las primeras investigaciones revelaron que una de las víctimas habría abortado, producto del continuo abuso sexual al que era sometida.

La Fiscalía procesó este caso con base en los artículos 91, numeral 2 y 3, y 92, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de trata de personas con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.