En la Corte Nacional de Justicia se instaló hoy la audiencia de juicio contra Walter Solís, exsecretario nacional del Agua; Marco Rodas, coordinador general jurídico de Senagua; Ninfa Benalcazar, jueza del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí; Cristóbal Macías, juez del Juzgado Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; Jorge Maruri y Jorge Bernal, por el presunto delito de peculado, tipificado en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y 42 del Código Penal (vigente a la fecha de los hechos).

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, mencionó que el hecho investigado se suscitó entre los años 2012 y 2013, en la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), institución pública que en esa fecha era dirigida por Walter Solís, quien junto al entonces coordinador general jurídico, Marco Rodas, habría autorizado el pago y solicitado al Ministerio de Finanzas una asignación presupuestaria de 8 130 626,16 dólares para la liquidación de un acta de mediación suscrita el 12 de enero de 2007, entre el director ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) y el procurador de la compañía Ondeo Degremont de Francia, sin tomar en cuenta que en el 2012 “ningún beneficiario solicitó ejecución del Acta, que la compañía extranjera ya no operaba en Ecuador y que tampoco tenía representación legal en el país”.

Las investigaciones de Fiscalía determinarían que Ninfa Benalcazar, en su calidad de titular del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí, ordenó a través de sentencia que, una vez que fuesen transferidos los fondos desde el Ministerio de Finanzas, 2 450 000 dólares presuntamente sean trasladados a favor de Jorge Maruri.

Esto, mientras que Cristóbal Macías, juez del Juzgado Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí, dictó sentencia a favor de un acuerdo entre los procesados Jorge Maruri y Jorge Bernal para que este último supuestamente reciba 200 000 dólares, pago que se habría efectuado de los mismos 2 450 000 ordenados mediante resolución suscrita por la jueza Benalcázar.

De esta manera, el perjuicio económico para el Estado sería de 2 218 880 dólares, rubros que fueron desembolsados por Senagua para cancelar un proceso por pago de honorarios profesionales entre particulares con fondos públicos.

En este primer día de audiencia, tres testigos comparecieron por parte de Fiscalía. Ellos formaron parte del equipo que practicó el examen especial de la Contraloría General del Estado al proceso de liquidación del acta de mediación, en el que presumiblemente se suscitó el hecho.

El Tribunal, conformado por los jueces Dilza Muñoz, Daniella Camacho e Iván León, suspendió la audiencia a las 17:45 y dispuso su reinstalación para mañana a las 09:30.