Representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvieron ayer en Medellín para recibir un informe que contiene elementos sobre casos de los llamados ‘falsos positivos’, ocurridos entre 2003 y 2008, en el Oriente, el Nordeste y el Magdalena medio antioqueños.

Son en total 154 víctimas agrupadas en 112 casos reportados en el documento, que fue presentado desde la 1 p. m., en el Museo Casa de la Memoria, por la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Jurídica Libertad, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial

La idea, indicaron líderes de estas organizaciones defensoras de derechos humanos, es aportar “elementos que sirvan al entendimiento de las circunstancias políticas y sociales que rodearon los homicidios, que pueden calificarse como ejecuciones extrajudiciales” y que fueron cometidas, presuntamente, por miembros de la Fuerza Pública pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional.

En el informe fueron mencionados al menos cuatro militares que ocuparon altos cargos en la institución entre los años referidos y que, según las organizaciones, fueron decisivos en la implementación de la política de defensa y seguridad democrática, durante la cual ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales.

“De acuerdo con el cruce de información recolectada se pudo determinar, que la práctica de las ejecuciones extrajudiciales se dio bajo una dinámica de funcionamiento caracterizada en tres etapas, a saber: planeación, ejecución y encubrimiento”, dice el informe.

Entre los objetivos del documentos están aportar material probatorio útil para la investigación sobre quiénes son los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales en estas subregiones del departamento; lograr que los casos expuestos se incluyan en los que serán investigados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (Srvr) dentro del caso ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.

El informe también busca mostrar los daños que persisten de manera individual y colectiva en las familias de las víctimas de este delito, con el fin de solicitar medidas de reparación integral que contribuyan en la construcción de paz en estos territorios.

Adicionalmente, las organizaciones pidieron acciones complementarias para el esclarecimiento de la verdad y la justicia, como el juzgamiento de máximos responsables, búsqueda, identificación y entrega de los restos de personas dadas por desaparecidas e inhumadas sin identificar.

Los creadores del informe también le pidieron a la Srvr que trasladen el mismo a los agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, presuntos autores materiales de estos hechos y que estén rindiendo o hayan rendido versiones voluntarias ante la JEP.

El texto se desarrolló por medio de consulta de fuentes primarias y secundarias, como sentencias, doctrinas y documentos oficiales de organismos nacionales e internacionales, investigaciones y revistas académicas, fotografías, libros, mapas, material de prensa y consulta en diferentes bases de datos, entre las que figuran la de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), que actualmente reposa en los archivos de la JEP.

MEDELLÍN