“La delimitación del Páramo del Almorzadero se hizo bien y fue en un nivel más que en el resto de páramos”, señaló el 25 de enero de 2018 el entonces ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, cinco días después de firmarse el acto administrativo que adoptó dicha línea de protección.

Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga tumbó la delimitación porque no contó con la participación debida de la comunidad. En dicha declaración, Murillo Urrutia también señaló que en el proceso de delimitación se incluyeron los resultados de los diálogos con la comunidad. “Todas esas recomendaciones se incorporaron, pero las que no se pudieron incluir por límites jurídicos, las enviamos al Congreso para que entren en la Ley de Páramos”.

Y añadió que se haría un proceso de reconversión de las actividades agrícolas para que las familias cuyas fincas quedaron dentro del páramo, tuvieran una compensación. Sin embargo, eso no se cumplió.

Así las cosas, María Carolina González Malaver, representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas y Artesanas del Cerrito (Asomuarce) y José Fernando Gutiérrez Galvis, interpusieron una acción de tutela fundamentada en la falta de participación que con fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bucaramanga ordena una nueva delimitación del páramo.



En el fallo, el Tribunal señaló: ‘Dejar sin efecto la resolución n ° 152 de 2018 por medio de la cual se delimita el páramo del Almorzadero y se adoptan otras determinaciones, proferida por el Ministerio de Ambiente, como quiera que se expidió sin la participación de la accionante Asomuarce y de las mujeras que la conforman, y de los demás afectados con la decisión”.

El Tribunal le ordenó al Minambiente emitir una nueva delimitación para lo cual le dio un tiempo de un año, y señaló que la resolución 152 perderá ejecutoria cuando se tenga la nueva línea de páramo.

María Carolina González Malaver, de Asomuarce, indicó que el proceso no tuvo en cuenta a las mujeres de la zona de influencia ni a los campesinos, a quienes les está afectando la decisión.

“Esto nos perjudica a las mujeres, quienes estamos cuidando el páramo y conservando el agua. Al no poder trabajar la tierra que nos dejaron nuestros antepasados, a los hijos les toca irse para la ciudad y nosotros queremos seguir en nuestra tierra, trabajando y cuidando los animales como el oso de anteojos, el cóndor, el tigrillo, venado”, dijo la mujer.

María Carolina vive en la vereda Humalá de Cerrito y representa a unas 250 mujeres de ese municipio de la provincia de García Rovira. Es campesina y artesana, cultiva papa, cebolla, uchuva (la exporta), trigo, fríjol, tomate de árbol, entre otros productos, que han sido su sustento desde tiempos ancestrales.

“A nosotros los campesinos no nos tienen en cuenta para nada y a las mujeres menos, por eso interpusimos la tutela que se falló a nuestro favor, nos hicimos sentir y eso demuestra que las mujeres sí podemos luchar por nuestro territorio”, precisó.

Frente al tema de participación, González Malaver dijo que se engañó a los campesinos, quienes de buena fe firmaron lo que el Ministerio les dijo. Tras el fallo, pidió asesorías sobre qué tan importante es el páramo, qué tanto se debe trabajar, qué se puede o no usar en las fincas (químicos) para cuidar el páramo; ser incluidos como guardabosques, y tener mejores condiciones de vida.

“Ganamos la batalla, nos sentimos muy felices y orgullosas porque las mujeres que ganamos queremos seguir trabajando por nuestro territorio. Ahora nos vamos a reunir con la Universidad Industrial de Santander (UIS) que nos ha asesorado, para hacer seguimiento al proceso que se viene”, dijo González Malaver.

El Páramo del Almorzadero incluye los municipios de Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, Piedecuesta, San Andrés, San José de Miranda, San Miguel, Santa Bárara y Tona en Santander; y Chitagá, Labateca y Silos en Norte de Santander.

Uno de los opositores a la delimitación ha sido el diputado Mario Cárdenas, quien dijo que en el proceso no se tuvo en cuenta la realidad de los campesinos y todo se hizo desde un escritorio en Bogotá.

LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA