El prefecto del Guayas, ahora fallecido, sufría de una condición respiratoria desde hace algunos años que lo obligaba incluso a usar oxígeno, informó su abogado.

El abogado del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció su fallecimiento este lunes 22 de junio. Carlos Luis Sánchez confirmó a EXPRESO que Morales ingresó muy grave al hospital y murió de un “infarto fulminante”.

Además, comentó que el prefecto sufría de una condición respiratoria desde hace algunos años que lo obligaba incluso a usar oxígeno.

Morales ingresó a la clínica Kennedy con las complicaciones antes mencionadas y donde luego, de acuerdo a lo relatado por el jurista, falleció.

En los exteriores del hospital, ubicado en el cantón Samborondón, los hijos del prefecto cuestionaron el procedimiento alegando que no le sacaron el grillete electrónico para reanimarlo. “Nunca llegaron a sacárselo (el grillete) para reanimarlo. Eso empeoró su situación. No quiere decir más cosas que no son, y que investiguen hasta el final”, dijo Luis Morales, hijo del funcionario.

María Alejandra Morales, hija del prefecto, insistió en la misma teoría. “Él estaba mal desde ayer, pero era un ataque de ansiedad. Él falleció por falta de no sacarle el grillete y no hacerle un electrochoque. Falleció y sigue con el grillete”.

Sánchez, en los exteriores del hospital, relató que el prefecto Morales llegó inconsciente a la clínica y los médicos no pudieron asistirlo y revivirlo con equipos electrónico porque tenía puesto el dispositivo electrónico. “Los médicos tienen miedo de actuar conforme manda la ley porque vivimos aterrorizadas por la justicia política… Para salvar una vida está permitido violar la ley. Retirar el dispositivo electrónico para salvar la vida de una persona es una obligación del médico”. Se espera un pronunciamiento de la clínica al respecto.

El prefecto Morales enfrentaba recientes proceso judiciales como políticos en su contra. El pasado 3 de junio fue detenido de manera preventiva por la Fiscalía como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias por la compra con presunto sobreprecio de insumos médicos y pruebas rápidas de coronavirus. Fue liberado con medidas sustitutivas, entre ellas, el uso de un grillete electrónico.

El caso judicial abrió también un frente político que inició el proceso de remoción en su contra. Más de veinte consejeros provinciales firmaron un pedido de destitución lo que dio inicio al proceso.

Fuente: El Comercio