El juez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia, acogió la solicitud del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, y negó el pedido de la defensa técnica del exasambleísta Daniel Mendoza, ratificando la prisión preventiva en su contra, ya que no se han justificado hechos o elementos nuevos.

El exlegislador por Manabí es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada y se encuentra detenido en la cárcel 4, en el norte de Quito.

Gabriela Moreira, abogada del procesado, aseguró que, concluida la instrucción fiscal, no existe ningún riesgo de interferir con la justicia ni tampoco peligro de fuga. Además, que su defendido ha colaborado continuamente para esclarecer los hechos, siendo sus versiones las que permitieron la vinculación del también exasambleísta Eliseo Azuero, por lo que solicitó se dicte las medidas cautelares de prohibición de salida del país, arresto domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.

Pese a aquello, el fiscal Toainga expresó que el cambio de la medida de prisión preventiva no es procedente, debido a que los indicios por los cuales fue dictada no han desaparecido, sino que se han profundizado y agravado.

La autoridad agregó que, si bien Mendoza ha colaborado con la justicia, esto no construye un sustento para aceptar las pretensiones de la defensa técnica, ya que no se ha justificado de forma adecuada la revocatoria a la sustitución de la medida.

“La defensa del procesado ha confundido colaboración con la justicia con desvanecimiento de los elementos que sirvieron para dictar la medida”, sentenció el juez Rodríguez, amparándose en el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que señala que la sustitución de la prisión preventiva procede cuando los hechos tienen una pena menor de 5 años.

Daniel Mendoza es investigado por ser parte de una organización que se habría conformado para la irregular adjudicación del contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales. Esta red habría determinado un porcentaje de coima entregado por el contratista, que habría sido distribuida entre varios funcionarios públicos y legisladores, según los testimonios anticipados del exlegislador y otros coprocesados.

Por esta caso están procesadas 18 personas más, entre ellas el exlegislador Eliseo Azuero, quien se encuentra prófugo; y el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo.