El juez de Garantías Penales del Guayas, Francisco Mendoza, dictó auto de llamamiento a juicio contra Miguel Ángel P. N. y dos maestras parvularias, por el delito de abuso sexual, perpetrado presuntamente contra un menor de edad, estudiante de la unidad educativa particular CEBI de Guayaquil.

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó las versiones y denuncias de los padres de la víctima, el de la rectora y profesoras del centro educativo, además de los informes investigativos y de reconocimiento del lugar de los hechos, así como el testimonio anticipado de la víctima y la valoración psicológica practicada a los tres procesados.

Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra Miguel Ángel P. N. (profesor de música), Carla Estefanía Z. P. (auxiliar) y María Auxiliadora A. C. (maestra titular), en calidad de presuntos autores del delito de abuso sexual, ya que, según las investigaciones, los tres se encontraban reunidos y compartiendo el aula de clases, lo que refuerza la versión de la víctima.

El juez Francisco Mendoza ratificó la presión preventiva para Miguel Ángel P. N.; mientras que las profesoras Carla Estefanía Z. P. y María Auxiliadora A. C. continuarán con las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial.

Cerca de dieciocho denuncias por delitos de violación y abuso sexual se han tramitado en la Fiscalía del Guayas contra Miguel Ángel P. N., luego de que estudiantes, de 4 y 6 años de edad, narraran a sus padres los supuestos abusos de carácter sexual de los que habrían sido víctimas por parte del educador.

En este caso, la madre de un alumno de 4 años denunció el hecho el 28 de septiembre de 2018.

Miguel Ángel P. N. se encuentra cumpliendo prisión por sentencias de cinco y trece años por abuso sexual. En el primer caso, el procesado se acogió al procedimiento abreviado, siendo sentenciado en abril de 2018; mientras que en el segundo, fue sentenciado en agosto de 2020.

La Fiscalía investiga este hecho con base en el artículo 170, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el abuso sexual con pena privativa de libertad de siete a diez años.