El juez Carlos Fuentes, de la Unidad Judicial Civil en la parroquia Iñaquito de Quito, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.

Como medidas de reparación y de conformidad a lo establecido en la Constitución de Ecuador, se dispuso:

Que el presidente de la República, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales, tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de los servidores públicos del país.

Al ministro de Finanzas, cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de los servidores públicos.

Que el ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de Trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.

La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante del cumplimiento de la sentencia emitida por el juez.

El defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión, expresó que “en el caso de los médicos postgradistas y rurales, independientemente de su modalidad de trabajo, deben ser cancelados sus sueldos en igualdad de condiciones, ya que la disposición del juez se refiere a todo el sector público”.