Se cumplió el plazo para que la Fiscalía interpusiera una demanda con fines de expropiación a la empresa española Inassa que tiene a su cargo el 82 por ciento de las acciones de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A), las cuales están embargadas por el ente de control desde octubre del año pasado.

El lío judicial que enfrenta la Triple A, empresa encargada del suministro de agua de Barranquilla, es causado por malos manejos de dineros, según sostiene la Fiscalía, acusación que tiene privado de su libertad a directivos y ex directivos de ambas compañías, además de cifras de dinero bastante elevadas que se supone que fueron malversadas con «contratos de asistencia técnicas», asegura el ente de control.

Francisco Olmos Fernández Corugedo, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque, Ramón Navarro Pereira, exgerentes de Triple A; Francisco Javier Malia Baro, Luis Alberto Nicolella de Caro, Germán Sarabia Huyke, ex gerente general de Inassa, son los ex directivos que se encuentran en estos momentos con medida de casa por cárcel, además pagando unas multas millonarias y tienen una prohibición para salir del país, mientras que se aclara su situación judicial.

Este proceso judicial viene adelantandose desde octubre del 2018, año en donde se estableció que las acciones que le corresponde a Inassa, son del 82 por ciento de Triple A, las cuales asciende en su valor a 200 mil millones de pesos (67 millones de dólares).

La investigación que adelanta la Fiscalía tiene como línea investigativa los contratos celebrados entre el 2000 y 2017, años en donde la Triple A fue victima de unos detrimentos de 236.853 millones de pesos (78 millones de dólares), daño que fue causado por el pago de unos contratos bajo la figura anteriormente mencionada, la cual fue utilizada por Inassa.

Uno de los accionistas minoritarios, Hernando Acuña, asegura que esta demanda por parte de la Fiscalía debía darse y por eso la celebra, «ya que vivimos en un estado de derecho y eso es lo propio», pero afirma que el ente de control, debería aclarar otros temas como «los pagos a terceros y la entrega que se le hizo a la SAE, entidad que no conoce nada de esto y puede llevar al traste los servicios de nuestra ciudad», añadió.

Esta medida cautelar ha generado varios comentarios, pero también preocupaciones ya que sería la segunda empresa de servicios públicos que el Caribe, en especial Barranquilla, que tiene problema judicialmente, la primera es Electricaribe.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2