La Alcaldía de Rionegro (Oriente antioqueño) derribó a las 10:06 de la mañana de este viernes de forma controlada el edificio Altos del Lago, una estructura que presentaba fallas de construcción que constituían un riesgo para la vida de sus residentes.

Este proceso estaba frenado por unas medidas cautelares que había otorgado el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro. No obstante, el pasado viernes 12 de abril ese mismo juzgado emitió un fallo que permitió al municipio continuar con el derribamiento.

El proceso usado para que cayera el edificio fue un derribamiento, porque según los expertos, las frágiles vigas y columnas de la estructura no soportarían las perforaciones necesarias para inyectar los explosivos requeridos en una implosión.

La detonación en la que se utilizaron 75 kilogramos no generó una onda gran onda expansiva ni movimientos sísmicos de la intensidad de una implosión, según informó la Alcaldía.

Para realizar el derribamiento del edificio fueron evacuadas 400 estructuras, entre locales comerciales y apartamentos. También requerida la ayuda de 170 unidades de Policía, Bomberos y Defensa Civil en la zona.

“Desde las 6 a. m. se evacuó la parte en riesgo de las urbanizaciones El Lago, El Campín y Altos del Lago. Ya se tiene todo el plan de emergencias activado (…) Además tenemos todo el inventario general de las personas, para evitar cualquier riesgo”, dijo Hernán Álvarez, secretario de Gobierno de Rionegro.

Altos del Lago es un edificio de 18 pisos y un sótano, que debido a errores constructivos está en problemas desde mediados de 2016 cuando varias familias acudieron a las autoridades municipales para que revisaran la estructura.

Luego de culminar una revisión preliminar, la Alcaldía ordenó evacuar el edificio y realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica, que permitiera determinar a fondo qué tan graves eran las fallas de la estructura y si era posible reforzarla.

Un equipo de expertos de la Universidad Eafit hizo esa primera investigación, cuya recomendación fue demoler la estructra. Los resultados fueron cuestionados por varios propietarios que solicitaron una segunda investigación, encomendada a un equipo de expertos de la Universidad Nacional.

Los resultados de la segunda investigación, presentados a finales del 2017, concordaron que la estructura estaba en grave riesgo.

La empresa constructora del edificio, Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S., también realizó estudios independientes y formuló un plan de repotenciación para evitar el derribamiento. Nicanor Marín, abogado de un grupo de 38 propietarios, aseguró que ese plan carecía de rigor científico.

En ese contexto, la Alcaldía ordenó realizar un tercer estudio, que fue contratado con la firma Sodinsa. Los resultados de esa última investigación confirmaron los estudios de las universidades y alertaron sobre las fallas.

“En la visita de campo se encontraron múltiples defectos de construcción tales como fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos variables no solo en los elementos principales de los pórticos (columnas y vigas) sino en los elementos secundarios estructurales (nervios y losas) y no estructurales, que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantizan la integridad de la estructura”, afirma el estudio.

Así mismo, se alertaba que el foso de ascensores había sido construido de una forma distinta a la contemplada en los diseños, cambiando muros de concreto estructural, por pórticos con cerramiento en Drywall.

La empresa investigadora recomendó instalar sensores para monitorear en tiempo real y de forma remota las deformaciones del edificio, ya que estaba en inminente riesgo de colapso y cualquier persona que estuviera en la construcción corría el peligro de que se le desplomase encima.

Los resultados de esa última investigación fueron el insumo principal para que la Alcaldía declarara la calamidad pública y ordenara demoler el edificio. Pero la constructora inició un proceso judicial para reversar esa decisión.

La constructora obtuvo dos medidas cautelares. La última de ellas, otorgada mientras se resolvía una impugnación, frenó la demolición programada para el 28 de marzo pasado. Sin embargo, el pasado 12 abril, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro negó las pretensiones de la constructora, permitiendo a la Alcaldía continuar con la demolición.

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Varios propietarios del edificio demandaron penalmente a la constructora, por estafa y corrupción.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN.