El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, compareció ante la Asamblea Nacional, para ratificar que se evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, para la dispersión de las protestas ocurridas durante el paro nacional, entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, según la evaluación realizada por organismos de derechos humanos.

Carrión Intriago intervino en la Comisión de Fiscalización y Control Político del Legislativo vía telemática, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El funcionario subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el riesgo real que representa la persona y con el nivel de resistencia, lo cual no se observó en la aplicación de los operativos de seguridad durante las protestas de octubre del 2019.

El defensor del Pueblo aseguró que, entre las conclusiones a las que llegó el organismo, los actos de violencia registrados por parte de Policía no pueden ser vistos como hechos aislados; ya que hubo repetición de conductas violentas que causaron serios e irreversibles daños a la población civil. La Policía utilizó 36 500 servidores de la institución para sofocar las protestas de octubre, es decir, el 88 % del total del talento humano policial, manifestó.

Carrión enfatizó que el Estado no puede actuar con la misma actitud de la persona violenta, porque el Estado es el detentador de la fuerza. Si hay hechos vandálicos, saqueos, incendios o cualquier otro tipo de actos violentos, le corresponde al Estado investigar, aprehender y juzgar a los responsables, añadió.

De los 802 procesos penales que están en la Fiscalía, 19 corresponden a extralimitación en el ejercicio por un acto de servicio; es decir, el uso desproporcionado de la fuerza, la mayoría de estos procesos está en indagación previa.

El defensor del Pueblo reveló que hubo 1 192 personas detenidas ilegalmente, muchas de las cuales fueron incomunicadas, se privó ilegalmente de la libertad a adolescentes y personas con discapacidad; se registraron 1 340 personas heridas, 20 de ellas perdieron un ojo por impacto de bombas lacrimógenas. En cuanto al número de fallecidos, la CIDH establece que fueron 14; el Ministerio de Gobierno, 9; Ministerio de Salud, 7; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), 9; y la Alianza para los Derechos Humanos, 8.

El titular de la Comisión, Elio Peña, agradeció al Freddy Carrión por el aporte dado a la sustanciación del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al insistir que lo único que busca la mesa es que se conozca la verdad de lo ocurrido en el paro nacional de octubre del año pasado.