La decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de hacerle control excepcional a Hidroituango, quitándoles potestad a las contralorías regional y municipal, no cayó del todo bien en estos entes de control.

Rubén Darío Naranjo, contralor de Antioquia, aseguró que acepta y acata la decisión tomada por el organismo de control superior, pero no la comparte.

“Ya se mandaron todos los procesos para Bogotá. La contraloría departamental venía realizando año a año las auditorías regulares a la Sociedad Hidroituango S.A. que le entregó la concesión a EPM para la construcción de la obra», expresó el contralor de Antioquia.

Agregó, que en el 2016, cuando se auditó el año 2015, detectaron hallazgos fiscales que fueron trasladados a procesos de responsabilidad fiscal.

«También hicimos control en 2017 y 2018. En total teníamos 11 procesos de los cuales 5 estaban aperturados y 6 en indagación preliminar. Los aperturados ya estaban en etapa probatoria, se habían recibido declaraciones, pruebas documentales y estábamos en la etapa de garantizar el debido proceso en su trámite. Ya con esta situación, todos los procesos fueron trasladados a Bogotá y será allá desde donde se tomen las decisiones», expresó el funcionario.

Entre los hallazgos encontrados por el ente de control departamental están: la no construcción de una zona franca, «que es una suma bastante considerable, unos 200 millones de dólares; hay otro por pago de control político por 35 millones de dólares, otro por no deducir las estampillas que se debieron de haber cobrado con los contratos».



Hay otro por no pagar impuesto de seguridad, el cual se debe pagar para todo tipo de contrato; hay otros hallazgos por mala calidad de obra en algunas que se comprometieron a ejecutar en algunos municipios de la zona de influencia como viviendas e instituciones educativas; entre otros.

Aseguró, que a mediados de este año, se tendrían decisiones sobre estos hallazgos con responsabilidad fiscal.

Naranjo se mostró tranquilo y confiado del trabajo hecho desde la Contraloría de Antioquia, prueba de ello, indicó, es que los hallazgos y los autos hechos por este ente de control le servirán de insumo a la Contraloría General.

Sin embargo, para él, lo mejor para Hidroituango es que se hiciera una investigación conjunta entre los tres organismos: Procuraduría General, la de Antioquia y la de Medellín.

«Considero que por la magnitud del proyecto, de la situación del mismo y de las investigaciones que hay que hacer frente a todas las acciones que se tomaron, hubiera sido mucho más efectiva una auditoría conjunta entre las tres contralorías que arrojaría resultados más rápido y se hubiera aprovechado el conocimiento de todos los entes de control y el recurso humano. Eso garantía trasparencia, efectividad y garantía para todos los que están vinculados en los diferentes procesos», dijo el contralor Naranjo.

Sobre a quién le conviene que la Procuraduría General tome las riendas en la investigación a Hidroituango, el servidor público aseguró que dicha decisión no la pidió ni la Sociedad Hidroituango, ni los socios, ni EPM, tampoco los involucrados por el proyecto. «Veo que quien lo pide es una veeduría ciudadana establecida en Bogotá», expresó.

MEDELLÍN