Junta Electoral del Guayas negó inscripción de Daniel Salcedo y demás candidatos a asambleístas provinciales de FE
El Consejo Nacional Electoral informó esta tarde que la Junta Provincial Electoral del Guayas negó la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a asambleístas provinciales por la Circunscripción 1 del Partido Fuerza Ecuador (FE), que encabeza Daniel Salcedo Bonilla.
La entidad electoral detalló que la lista de candidatos no corresponde a la designada en las elecciones primarias de la organización política.
Según el informe técnico-jurídico, FE incumplió los requisitos determinados en el Código de la Democracia y en el Reglamento para la inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular, que establecen que todo cambio o variación respecto de las precandidaturas debe ser registrado y validado en línea a través del sistema informático habilitado por el CNE.
La Junta Electoral del Guayas le otorgó dos días a la organización política para que subsane los requerimientos, conforme a lo que determina el Código de la Democracia.
Salcedo Bonilla guarda prisión preventiva desde el 29 de julio de este año en la cárcel El Inca, de Quito, por los presuntos delitos de peculado, fraude procesal y delincuencia organizada. Se lo investiga por una supuesta venta irregular de insumos médicos a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El detenido hizo el trámite para su postulación vía internet, el pasado miércoles 7 de octubre -último día de inscripción establecido por el CNE- en reemplazo de la candidatura de Jonathan Alberto Miranda López, que fue aprobada en las elecciones primarias de FE.
El artículo 108 del Código de la Democracia establece que desde el momento en que se califica una candidatura, los aspirantes no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente, hasta la proclamación de resultados.
Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos y solo el candidato o candidatos ganadores gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial, según corresponda.
Solo una sentencia condenatoria ejecutoriada puede suspender los derechos civiles y políticos de un ciudadano.