El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, conoció los pedidos de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz; del Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez; y de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El CAL resolvió calificar y admitir a trámite, con 6 votos a favor, la petición de enjuiciamiento político en contra del titular del Cpccs, solicitado por el asambleísta Henry Kronfle.

Cruz es investigado por su carné de discapacidad y por una denuncia por supuesta falsificación y uso doloso de documento falso. Además, tendría títulos deportivos inexistentes.

Sobre el pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, solicitado por los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, este fue aprobado y admitido a trámite con 6 votos a favor. Previamente la Secretaria de Estado, en una misiva dirigida al máximo organismo parlamentario, pidió que la solicitud sea admitida por los miembros del CAL, al señalar que comparecerá ante la Legislatura para presentar sus alegatos y demostrar su inocencia frente a las acusaciones.

Los asambleístas impulsaron el pedido contra Romo, por el supuesto uso de bombas lacrimógenas caducadas y la acción policial en centros de acogida, durante el paro nacional de octubre del 2019. Además, Roberto Gómez propuso que se incluya en este proceso el supuesto reparto de hospitales.

La Comisión de Fiscalización y Control Político llevará adelante los dos procesos.

En cuanto a las solicitudes de enjuiciamiento político contra el titular de la cartera de Economía, mediante una resolución, los miembros del CAL decidieron aplazar el tratamiento de las peticiones por 15 días – a partir de la presente fecha- en razón de que el ministro Martínez se encuentra en el proceso de renegociación de la deuda externa, así como de nuevos créditos con multilaterales que permitirían traer recursos económicos al país en el marco de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el Ecuador.

Una vez concluidos los 15 días, el CAL se reunirá para avocar conocimiento y resolver sobre las solicitudes que pesan contra el secretario de Estado.