El alcalde Wilmar Barbosa está a punto de volver a adjudicar la operación y mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público de Villavicencio al grupo del empresario William Vélez, un detrimento de los intereses del municipio, según denuncian dirigentes políticos de la ciudad.

Lo más grave es que desde hace 20 años el grupo perteneciente al empresario antioqueño tiene el manejo del servicio público, a través del Consorcio Iluminación Villavicencio, el cual “no cumplió con la obligación establecida en el contrato de adjudicación”, que le ordenaba modernizar la infraestructura del alumbrado con luminarias led, denuncian los dirigentes.

A esto se suma, dice el concejal Felipe Harman, que el representante de la Unión Temporal Consultoría -contratada por la administración municipal-, que hizo la exposición ante el Concejo de los resultados de la evaluación de la infraestructura Armando Gutiérrez Castro, exrepresentante legal de Iluminación Villavicencio y representante en distintos procesos del grupo empresarial de William Vélez.

Ahora, con el aval del Concejo, el alcalde Barbosa está autorizado para que antes del 29 de mayo próximo adjudique la operación y mantenimiento del alumbrado público “vitalicio”, a través de una sociedad en la que la administración municipal pone los recursos y le entrega al privado el control de la asamblea de accionista y del revisor fiscal, dicen los denunciantes.

Para hacerlo, la administración local hizo una invitación pública con el fin de seleccionar la empresa privada que se va a convertir en socia del municipio y el pasado 12 de abril, al cierre de la recepción de ofertas, únicamente se presentaron dos propuestas: Andina de Iluminaciones S.A. Andilum S.A. y Promesas de Sociedad Futura VVC Futura S.A.S, ambas del grupo empresarial de William Vélez, sostiene el veedor ciudadano Efraín Mojica.

Los denunciantes pidieron a la Procuraduría y al Juzgado Segundo Administrativo que suspenda el proceso.

De acuerdo con Mojica, el Consorcio Iluminación Villavicencio no cumplió con la modernización de las luminarias contempladas en el contrato 477 de 1998 y en el acta No. 2 del 18 de agosto de 1999, que establecen la obligatoriedad del consorcio de “ejecutar un plan de expansión de cobertura del servicio por medio de circuitos nuevos y un plan de modernización y mejoramiento de la eficiencia energética de los circuitos existentes”, con “elementos de la última tecnología”, entre ellas las luminarias led.

Mojica sostienen que el plazo para ejecución de la modernización del alumbrado finalizó el pasado 4 de abril de 2019 y la empresa “no cumplió con lo establecido en el contrato”. Y según los resultados de la consultoría contratada por la administración municipal en 2017, las luminarias actualmente instaladas cumplieron su ciclo de vida útil hace casi dos años.

Los demandantes señalan que el proyecto 024 de 2018 que busca la renovación del sistema de interconexión eléctrica, con una inversión inicial de más de $55.000 millones, presenta varias irregularidades en su pliego de condiciones.

El concejal Felipe Harman denunció por su parte que con el porcentaje de participación que tendría la Alcaldía en la junta directiva del proyecto, que únicamente tendría dos de cinco miembros de manera que “no existe posibilidad alguna de que el municipio tenga el control como garantía”.



Los denunciantes dicen que el negocio del alumbrado público deja, en 20 años, un billón de pesos, que el municipio va a dejar de recibir.

Ante estos cuestionamientos, el secretario Privado de Villavicencio, Jacobo Matus, aseguró que la que en el año 2013, con base en la resolución 123 del 2011 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el interventor modificó el contrato de modernización, de manera que Iluminación Villavicencio hizo la modernización del sistema y de las luminarias de sodio a mercurio y para hacer el cambio a led el municipio tendría que asumir el costo.

Además, Matus dijo que el municipio “tiene la propiedad del 51 por ciento de la empresa” y aclaró que el acuerdo para la creación de la empresa mixta es indefinido y no vitalicio.

También expresó que la conformación de la junta directiva y el nombramiento del revisor fiscal se pueden modificar de común acuerdo con el socio privado y negó que la convocatoria a conformar la empresa mixta se hubiera hecho a la medida del empresario William Vélez, se trata de una convocatoria pública y el que quiso presentarse lo hizo, dijo.

El abogado Armando Gutiérrez Castro, de su parte, envió un oficio al Concejo en el que señala que hasta hace cuatro años ejerció como vicepresidente del grupo Ethuss del empresario William Vélez y ya no tiene ningún vínculo con las empresas de William Vélez.

NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1