Si por un lado EPM está tomando decisiones para mitigar la contingencia y poner a punto Hidroituango para el 2021, los diferentes organismos de control están analizando esas y otras decisiones tomadas por todos los actores involucrados desde la construcción de la megaobra desde antes del 2010.

Algunas en cuanto a la parte financier, que es una de las que tiene afectado al proyecto hidroeléctrico, no solo en los costos para su construcción, que hasta el momento se calcula que pasó de 11,4 a 14,2 billones de pesos, sino en las multas ambientales y por su no entrada en operación.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, las multas de apremio, al no haber llenado el embalse el pasado primero de julio, tienen un valor de 250 millones de pesos diarios desde esa fecha. Es decir que al 25 de abril, que se cumplen 298 días, la multa sería de 74.500 millones de pesos.

De otro lado, por no haber comenzado a generar energía desde el pasado 28 de noviembre, la multa es igual (250 millones / día) por lo que al 25 de abril, que se cumplen 148 días, la multa sería de 37.000 millones de pesos. Y finalmente, por lucro cesante, se estima la cifra en unos 460.000 millones de pesos.



«Les dijimos a los abogados que comenzaran a trabajar en ese tema y, de ser necesario, embargar las cuentas bancarias de EPM si no nos van a hacer caso en las reclamaciones de la Sociedad Hidroituango», expresó el gobernador.

En cuanto al tema ambiental, EPM informó que Hidroituango tiene 15 procesos sancionatorios abiertos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero que no todos están relacionados con la contingencia del pasado 28 de abril.

De los 15 procesos, Juan Fernando Morales, gestor ambiental de EPM, aseguró han presentado los respectivos descargos y que hay dos en los que ya hubo fallo final. Una tiene que ver con el primer proceso, que inició en 2010, y para lo que EPM tendría que pagar 2.419 millones de pesos según resolvió la ANLA hace pocas semanas por un tema asociado a la construcción de una vía en 2013 para acceder a un depósito.

“Pediremos la nulidad de ese acto administrativo, pero de todas formas sí se va a hacer el pago de la multa”, aclaró Morales.

El otro proceso, pero este en fallo de primera instancia, es por 4.300 millones de pesos y es sobre la obstrucción del cauce de la fuente hídrica Quebrada Tenche.

“Pediremos la nulidad de ese acto administrativo, pero de todas formas sí se va a hacer el pago de la multa”, aclaró Morales.



El otro proceso, pero este en fallo de primera instancia, es por 4.300 millones de pesos y está asociado a la construcción de una vía en 2013 para acceder a un depósito.

Para esta, EPM hizo uso del recurso de reposición y está a la espera del fallo final.

Fiscalía

Más recientemente, a comienzos de abril, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de garantías tomar medidas cautelares por los efectos que Hidroituango le ha provocado al medioambiente, en especial por un buchón de agua de 8,5 kilómetros que “reduce todos los procesos biológicos de conservación de los ecosistemas” y por una planta de asfalto presuntamente abandonada en la que según la Fiscalía hay residuos de material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos.

Sobre esto, EPM informó que Jorge Londoño De la Cuesta, gerente General de la compañía, recibió el martes 23 de abril la citación para asistir a la audiencia de solicitud de decreto de medidas urgentes de protección de víctimas, que se realizará el 6 de mayo en los Juzgados Penales Municipales con Control de Garantías de Bogotá.

“Es importante señalar que los requerimientos del ente acusador se relacionan con impactos ambientales, la mayoría considerados en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango, y frente a los que se han implementado diversas medidas de intervención, mitigación y compensación, las cuales vienen siendo objeto de monitoreo por parte de las autoridades ambientales desde la fase de construcción de la futura central de generación de energía”, expresó EPM mediante un comunicado.

Eso en cuanto a lo ambiental. A finales de febrero, la Fiscalía le imputó cargos a Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, quien fue gerente de EPM-Ituango por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, se encontraron evidencias de irregularidades en la primera fase relacionada con el mismo proceso de adjudicación de la obra y cuestionó que el contrato fue adjudicado a dedo a las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Contraloría

También a finales de febrero, la Contraloría General de la República asumió en su totalidad las investigaciones sobre Hidroituango mediante una figura denominada control excepcional para los recursos propios que financiaron el proyecto.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, expresó que examinarán contratos por 2,9 billones para construir la presa, la casa de máquinas y los túneles, para determinar si hubo fallas y presuntos detrimentos.



«No estamos dispuestos a tolerar ni validar malas planificaciones, malas contrataciones. Hay más de 200 contratos que suscribió EPM, entre 2011 y 2017, que serán materia de revisión por parte de la Contraloría General, de los cuales 77 aún se encuentran en ejecución, 14 ya fueron liquidados, 2 están en estado de suspensión, 106 terminados y uno en trámite de declaratoria de incumplimiento.», dijo el contralor.

De otro lado, en los primeros días de abril la Contraloría General de la Nación, mediante la Contraloría delegada para la participación ciudadana, realizó un recorrido por la zona de influencia de Hidroituango y halló 300 irregularidades, principalmente en lo referente a la atención de la población impactada.

Dichos hallazgos, fueron trasladados a los respectivos organismos de control.

Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación tampoco se quedó atrás en las investigaciones y a finales de febrero informó que abrió una indagación preliminar que incluye a funcionarios y exfuncionarios de la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Sociedad Hidroituango.

Entre los funcionarios implicados están: el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta; el exgerente de EPM Juan Esteban Calle; el director de la ANLA, Rodrigo Suárez y los subdirectores de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, Josefina Elena Sánchez y de Permisos y Trámites Ambientales, Carlos Alonso Rodríguez Pardo; y el exgerente del IDEA, Mauricio Tobón.

El proceso está en recaudo de material probatorio.

MEDELLÍN