Con 123 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que contempla garantizar el acceso a una administración de justicia transparente, con probidad y actuación diligente de los servidores judiciales, en cada una de sus instancias.

Uno de los objetivos de la normativa es fortalecer la lucha contra la corrupción, con la inclusión de estrategias de justicia abierta, domicilio electrónico y citación por vía telemática.

César Litardo Caicedo, presidente de la Legislatura, destacó que se trata de un día histórico para la Asamblea Nacional y el país, porque se ha aprobado una ley que permitirá mejorar la administración de justicia.

Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que se recibieron 43 observaciones, 20 de las cuales se formalizaron por escrito. Sobre la figura del error judicial, la legisladora afirmó que el dictamen de la Corte Constitucional obligó a formular cambios en el texto del proyecto para clarificar su contenido.

Sobre al acto disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, en todos los casos, se cumplirán etapas diferenciadas y secuenciales, respetando el debido proceso.

Como parte de las propuestas para la lucha contra la corrupción, la Ley incluye la creación de una sala especializada en corrupción y crimen organizado, así como la formación continua y permanente en temas relacionados con ética y actuación profesional en el servicio público. De esta manera se refuerzan principios como el de la responsabilidad de los jueces, el acceso oportuno a la administración de justicia, así como la especialización, formación y capacitación continua de los operadores de justicia.

Dentro de las reformas está la creación de organismos de especialización, formación contínua y capacitación, para la Fiscalía General y Defensoría Pública, como órganos autónomos de la Función Judicial.

Además, la normativa contempla que los notarios que ingresaron mediante concurso desde el año 2013 y hayan concluido su primer período, que se encuentren en funciones prorrogadas, podrán ser reelectos para su segundo período, conforme el artículo 200 de la Constitución, siempre y cuando hayan cumplido con los estándares de rendimiento.